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¿Qué pasa con las personas detenidas por incumplir el toque de queda en Ecuador?

2 038 personas fueron detenidas entre el 3 y el 11 de mayo de 2026 por el toque de queda. 440 están vinculados a estructuras criminales.

Un conductor fue detenido por incumplir el toque de queda el pasado 3 de mayo en Pichincha.

API

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

11 may 2026 - 19:51

Las personas que sean detenidas por incumplir el toque de queda pueden enfrentar un proceso penal de hasta 3 años de prisión por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Así lo establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.

El toque de queda vigente en el país restringe la libre circulación desde el 3 hasta el 18 de mayo de 2026, entre las 23:00 y las 05:00, en nueve provincias y cuatro cantones, entre ellos Quito. 

Según el reporte del Ministerio del Interior, durante la primera semana de esta medida se han aprehendido a 2 038 personas. De ese total, 440 estarían vinculados a grupos criminales. Es decir, la mayoría de detenidos son por incumplir el toque de queda.

¿Qué pasa con los detenidos por incumplir la medida?

Permanecer en la vía pública durante ese horario sin pertenecer a los grupos autorizados es motivo suficiente para que miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador o de la Policía Nacional realicen una detención.

Según las autoridades, el procedimiento inicia con una retención en el punto de control, donde las autoridades solicitan al ciudadano justificar las razones de su movilización.

Si la persona no logra demostrar una causa permitida, por ejemplo un traslado al aeropuerto o una emergencia médica, será aprehendida.

Durante este proceso, los agentes deben informar al detenido sobre sus derechos constitucionales, entre ellos el acceso a defensa legal, la posibilidad de contactar a familiares y el derecho a guardar silencio.

Las autoridades también indicaron que, en caso de que el ciudadano se movilice en vehículo, este puede ser requisado durante los controles.

Incluso, policías y militares están habilitadas para usar la fuerza proporcional si una persona intenta evadir o resistirse al control.

Luego de la aprehensión, la personas será trasladada a una Unidad de Flagrancia, donde se pueden dar tres escenarios

  • La personas será puesto a órdenes de Fiscalía. Esa entidad decidirá si formula o no cargos. Dependiendo de cada caso, el proceso puede concluir con la liberación del ciudadano o avanzar hacia una audiencia de flagrancia ante un juez.
  • Si hay audiencia, se califica la legalidad de la aprehensión y Fiscalía puede dejar el caso en investigación previa.
  • En cambio, si decide formular cargos por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, el implicado podría enfrentar medidas cautelares como presentaciones periódicas o prisión preventiva.