Asamblea aprueba informe que alerta sobre el patrimonio de 95 alcaldes y prefectos
El informe, aprobado con 83 votos a favor, será remitido a organismos de control sin revelar públicamente la identidad de los involucrados.
Con 83 votos a favor, el informe de fiscalización sobre presuntos incrementos patrimoniales de alcaldes y prefectos fue aprobado este 27 de octubre
Asamblea Nacional
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Actualizado:
27 oct 2026 - 18:02
La Asamblea Nacional aprobó, este martes 27 de octubre de 2026, un informe que alerta sobre presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de 95 alcaldes y prefectos de Ecuador.
El documento recomienda remitir los casos a las instituciones de control, pero mantener bajo reserva los nombres de las autoridades señaladas.
El informe de fiscalización, elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, clasifica a 41 autoridades en semáforo rojo, debido a declaraciones patrimoniales injustificadas, mientras que otras 54 fueron ubicadas en semáforo naranja, por presentar patrimonios que no serían compatibles con sus ingresos como funcionarios públicos.
En total, los 95 casos serán remitidos a organismos como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para que estas entidades determinen si corresponde iniciar o continuar las investigaciones.
La aprobación del documento se concretó con 83 votos a favor, provenientes de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados independientes.
Antes del debate, el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, reconoció que el análisis del informe coincide con el periodo previo a las elecciones seccionales, por lo que advirtió sobre la posibilidad de que la aprobación del informe se mezcle con la coyuntura electoral.
Por lo tanto, entre las recomendaciones del informe consta que no se hagan públicos los nombres de las 95 autoridades observadas. En su lugar, los casos serán identificados mediante códigos al momento de remitir la documentación a la Fiscalía General del Estado.
La medida busca evitar que la difusión de las identidades se cruce con el escenario político y electoral que vivirá el país con los comicios previstos para el domingo 29 de noviembre.
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