Asamblea investigará presuntos cobros indebidos a funcionarios del Municipio de Quito
El Ministerio del Trabajo y la Contraloría tienen 10 días para entregar información sobre las denuncias de presuntos cobros a funcionarios. La Comisión de Transparencia deberá elaborar un informe de fiscalización.
La Asamblea Nacional aprobó con 85 votos el inicio de una fiscalización por presuntos cobros indebidos a funcionarios del Municipio de Quito.
Asamblea Nacional.
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Actualizado:
27 oct 2026 - 18:22
La Asamblea Nacional aprobó este martes 27 de octubre de 2026 el inicio de una fiscalización por los presuntos cobros indebidos a funcionarios del Municipio de Quito, en el denominado caso VaQnas, que involucra denuncias contra la administración del alcalde Pabel Muñoz.
La resolución, presentada por el asambleísta Andrés Castillo, de Acción Democrática Nacional (ADN), fue aprobada con 85 votos a favor, 59 en contra y una abstención, durante la sesión 133 del Pleno.
El Legislativo dispuso que el Ministerio del Trabajo y la Contraloría General del Estado entreguen, en un plazo de 10 días, información sobre los supuestos aportes económicos exigidos a servidores municipales.
¿Qué investigará la Asamblea en el caso VaQnas?
El Ministerio del Trabajo deberá proporcionar documentación que permita establecer si los presuntos cobros estuvieron relacionados con la contratación, permanencia, estabilidad laboral, remuneración o ascensos de los funcionarios.
Por su parte, la Contraloría deberá informar sobre las acciones de control realizadas o previstas en torno a las denuncias.
Además, la Asamblea exhortó a esta entidad a realizar exámenes especiales sobre las actuaciones administrativas, financieras y laborales del Municipio de Quito relacionadas con el caso, si todavía no ha iniciado esos controles.
La información será analizada por la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome de ADN, que tendrá 30 días para elaborar un informe y presentarlo ante el Pleno.
¿De qué trata el caso VaQnas?
El caso se conoció tras una denuncia presentada el 19 de octubre ante la Fiscalía General del Estado por Juan Esteban Guarderas, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Guarderas denunció al alcalde Pabel Muñoz por los presuntos delitos de concusión y cohecho, relacionados con supuestos cobros a trabajadores municipales.
Según el denunciante, los aportes habrían sido exigidos bajo amenazas de perder el empleo y estarían destinados al financiamiento de la campaña de reelección del alcalde.
Extrabajadores de la Empresa de Pasajeros también denunciaron haber entregado entre USD 60 y USD 120 mensuales, presuntamente de manera obligatoria.
Estas afirmaciones todavía deben ser verificadas por las autoridades competentes.
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