Luisa González se dirigió a juez en audiencia en la que se le dictó prisión preventiva
La Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos que habría movilizado aproximadamente USD 500 000 para financiar la campaña presidencial de Revolución Ciudadana en 2023.
Luisa González es custodiada por dos agentes de la Policía Nacional.
Cortesía.
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Actualizado:
23 oct 2026 - 13:58
La excandidata presidencial Luisa González compareció ante la justicia en el marco del caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña electoral anticipada de 2023.
Durante la audiencia de este viernes 23 de octubre del 2023, en la que se dictó prisión preventiva, González se dirigió al juez que conocía la causa y precisó que está abierta a colaborar con la justicia, al tiempo que exigió un trato justo.
En su intervención indicó que la primera vez que fue allanada, el pasado 28 de enero, puydo haber salido del país, pero que no lo hizo.
"La primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido del país y de ahí en adelante he salido varias veces, y esto lo omite la señora fiscal, en todas, todas, he regresado", mencionó la procesada.
La intervención de González duró poco más de dos minutos en los que pidió al magistrado que lleva el caso que se le de un trato justo.
¿Qué se investiga en el caso Laberinto?
La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra Luisa González y otras tres personas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Según la tesis fiscal, la campaña presidencial de Revolución Ciudadana, Lista 5, habría recibido financiamiento procedente de actividades ilícitas vinculadas con la comercialización de hidrocarburos.
La investigación apunta a posibles irregularidades en la procedencia de los aportes económicos y en la contratación de publicidad electoral que no habría sido declarada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con Fiscalía, la responsable económica de la campaña presentó 64 registros de aportaciones de personas naturales, por un total de USD 201 360.
No obstante, los investigadores sostienen que entre mayo y octubre de 2023 habría funcionado un mecanismo paralelo para canalizar recursos presuntamente ilícitos hacia actividades electorales.
Transferencias y cheques bajo investigación
Una de las empresas mencionadas en la investigación es Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S. A., vinculada al entorno empresarial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Según Fiscalía, esta compañía habría realizado transferencias a proveedores de publicidad electoral. Aunque las proformas estaban dirigidas al movimiento político, las facturas posteriores habrían sido emitidas a nombre de la empresa.
Entre los elementos expuestos durante la audiencia consta una comunicación del 18 de agosto de 2023 en la que presuntamente se solicitó evitar la palabra «campaña» en una factura.
La Fiscalía también identificó un segundo mecanismo que habría consistido en el cobro de cheques al portador para obtener dinero en efectivo destinado al pago de brigadistas, movilización y logística electoral.
En conjunto, las operaciones investigadas habrían movilizado aproximadamente USD 500 000, de acuerdo con la acusación fiscal.
Ternape y Aquiles Álvarez registran, además, una sentencia condenatoria de primera instancia dentro del caso Triple A, relacionado con la comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos.
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