Fiscalía sustenta con 12 razones su acusación en el caso Triple A; Tribunal delibera su resolución

En el caso Triple A, la Fiscalía y las defensas de los procesados concluyeron la presentación de sus pruebas durante audiencia de juicio que se realizó el domingo 2 de agosto. Entonces, el Tribunal de Garantías Penales entró en fase de deliberación para determinar si sentencia o no a los 21 imputados.

La Fiscalía General solicitó al Tribunal de Garantías Penales que imponga la máxima pena, junto con las agravantes para los procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. 

Además, pidió que se reconozca únicamente una atenuante para uno de los implicados debido a su colaboración durante la investigación.

El Ministerio Público también solicitó que se disponga una reparación integral a favor del Estado, además de la imposición de multas a los responsables y la disolución y clausura de seis empresas que, según la acusación, habrían participado directamente en la presunta estructura delictiva.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, pericias técnicas y documentación para respaldar su teoría de que entre 2020 y 2024 operó una presunta red dedicada a la comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

Además, identificó a siete personas como autores directos, siete como coautores, un cómplice y seis compañías como autoras directas dentro del presunto esquema ilícito.

De acuerdo con la investigación, el supuesto esquema habría generado un perjuicio económico al Estado de 61,5 millones de dólares, al desviar y comercializar de forma irregular combustible subsidiado destinado a distintos segmentos del mercado.

La investigación se enfocó en la cadena de distribución de combustibles para los sectores automotriz, industrial y naviero. 

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sostiene que no existe respaldo de pruebas suficiente para sostener las acusaciones. 

Sobre el presunto perjucio de 61,5 millones para el Estado, el abogado de Aquiles Alvarez señaló que en el expediente no constan auditorías contables, estados de cuenta o peritajes para sustentar esa cifra.

• Aquiles Alvarez rindió su versión en la audiencia del caso Triple A

Fiscalía expuso 12 razones para respaldar su acusación:

• Copedesa obtuvo autorizaciones presuntamente irregulares y suscribió contratos con estaciones de servicio fronterizas.
• En la Estación de servicio Zambrano, ubicada en la frontera, se habrían detectado ventas superiores al combustible recibido, uso reiterado de placas, ventas sin identificación de placas y los despachos superarían la capacidad del tanque.
• Estación de servicio Espíndola, ubicada en la frontera, habría presentado diferencias entre despachos y ventas, uso irregular de placas y operaciones incompatibles con el tipo de vehículo.
• Estación de servicio Araujo, ubicada en la frontera, habría comercializado combustible con una comercilizadora distinta de la autorizada y presentado inconsistencias en sus ventas.
• Estación de servicio La Chilca, ubicada en la frontera, habría registrado ventas superiores a las autorizadas y operado sin el permiso correspondiente.
• Fuelcorp habría realizado operaciones entre segmentos no autorizados. Fiscalía atribuyó a Copedesa la falta de control sobre sus afiliados. Además, habría vendido más de lo que compró a su comercializadora Copedesa. El origen del combustible injustificado se debe a los desvios entre segmentos.
• Corpalubri obtuvo una autorización presuntamente irregular y registró diferencias millonarias entre compras y ventas
• Centro de Depósito Industrial Zambrano, ubicado en la frontera, habría comercializado más diésel del despachado por EP Petroecuador, sin justificar su origen.
• Centro de Depósito Industrial Buenavista, ubicado en la frontera, habría registrado ventas superiores a sus compras y comercializado combustible fuera de las autorizaciones otorgadas.
• Corpalubri e Indudiesel presuntamente desviaron combustible subsidiado mediante operaciones irregulares.
• Aquiles Alvarez se habría desempeñado como representante legal y presidente de Ternape S. A. entre 2017 y 2021. Durante ese período, la compañía habría operado en los segmentos naviero nacional e internacional.
• Ternape Petroleum habría ejecutado operaciones fuera de los segmentos autorizados y con empresas no habilitadas. También habría comercializado combustible subsidiado del segmento naviero nacional a embarcaciones de bandera internacional, entre ellas Txopituna S.L. 

Fiscalía sostuvo que representantes legales, propietarios y contadores conocían la dinámica del negocio y permitieron el presunto desvio de combustible.