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Fiscalía pide pena máxima para el alcalde Aquiles Alvarez en el caso Triple A

La audiencia de juicio del caso Triple A se reinstaló este 2 de agosto con la presentación de los últimos testimonios y los alegatos finales

La audiencia de juicio del caso Triple A se reinstaló este domingo 2 de agosto de 2026.

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Autor

Ana Rosero

Actualizado:

02 ago 2026 - 12:42

El caso Triple A, en el que está procesado el alcalde Aquiles Alvarez, avanza hacia su etapa final con la reinstalación de la audiencia de juicio este domingo 2 de agosto de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito.  

La diligencia se retomó a las 08:46, con la comparecencia de las defensas de los 15 procesados y seis empresas que enfrentan cargos por este presunto delito de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos

Tras presentar los alegatos de cierre, la Fiscalía General solicitó al Tribunal que declare la culpabilidad de los procesados, entre ellos al Alcalde de Guayaquil, y les imponga la pena máxima, con las agravantes correspondientes, por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos a gran escala. 

La Fiscalía también detalló el grado de participación de los procesados. Siete personas y seis empresas fueron acusadas como autores directos de ese ilícito. Siete procesados fueron señalados como coautores y uno como cómplice, para quien solicitó la aplicación de una atenuante trascendental.

Según Primicias, durante la audiencia de juzgamiento, Fiscalía solicitó una pena que sería de seis años y nueve meses en prisión.

Además, el Ministerio Público pidió la disolución y clausura definitiva de las seis empresas procesadas, el pago de multas y la reparación integral, tanto material como inmaterial.

Entre los procesados figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien es investigado junto con seis empresas presuntamente vinculadas a su entorno. De acuerdo con la Fiscalía, la supuesta trama habría ocasionado un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 61 millones.

Por su parte, la defensa de Aquiles Alvarez sostiene que, durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía no ha logrado demostrar que las empresas relacionadas con el alcalde hayan participado en actos de corrupción o en la presunta comercialización ilegal de combustibles.