Nueva regulación para tarjetas de crédito  en Ecuador: reglas, prohibiciones y plazos

La Junta de Política y Regulación Financiera (JPRFM), en coordinación con el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, emitió una resolución para transformar el funcionamiento de los medios de pago electrónicos en el país. 

El cuerpo normativo, aprobado a inicios de noviembre de 2026, introduce medidas orientadas a erradicar cobros indebidos en establecimientos comerciales, elevar la seguridad tecnológica de los plásticos frente al fraude y fomentar la competencia entre las redes de cobro en el mercado nacional.

Uno de los pilares centrales de esta reforma es la prohibición explícita de aplicar recargos o costos adicionales a los usuarios por pagar con tarjetas de crédito, débito o prepago. 

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De acuerdo con las autoridades financieras, el precio final cobrado en caja debe ser exacto al valor asignado a la venta en efectivo o transferencia. 

Asimismo, los comercios están obligados a mantener los mismos descuentos, promociones y liquidaciones en cualquiera de los canales de pago ofertados, impidiendo trasladar la tarifa de comisión del establecimiento al consumidor final.

En el ámbito de la seguridad y prevención de delitos informáticos, las entidades financieras deberán adaptar el diseño físico de sus tarjetas para eliminar los datos sensibles de la superficie del plástico.

 Los nuevos medios de pago no llevarán impresos el número completo de tarjeta, la fecha de expiración ni el código de verificación (CVV), evitando el robo de información mediante fotografías o extravíos. 

Para compras en línea e intermediación digital, los bancos implementarás mecanismos de verificación dinámica y factores de autenticación reforzados sin costo para el cliente.

La normativa establece además la obligación de notificar a los cuentahabientes sobre cada consumo en tiempo real a través de al menos dos canales independientes y gratuitos, tales como aplicaciones móviles, mensajes SMS o correo electrónico. 

A su vez, se fija una responsabilidad directa para emisores y bancos de reintegrar los fondos en transacciones realizadas con posterioridad al reporte formal de pérdida o robo, así como en consumos fraudulentos derivados de vulnerabilidades o fallas en las plataformas tecnológicas de las propias instituciones.

Para proteger los derechos de los consumidores en materia crediticia, la regulación ratifica la prohibición legal de cobrar intereses sobre intereses —práctica conocida como anatocismo— en consumos corrientes y diferidos. 

Además, la Superintendencia de Bancos estandarizó las metodologías para el cálculo del Costo Efectivo Credituario (CEC), garantizando que las tablas de amortización presenten un desglose transparente de capital, intereses y tributos antes de concretar operaciones de financiamiento en cuotas.

En beneficio de los negocios y pequeños comerciantes, se redujo el plazo de liquidación de consumos corrientes a un máximo de cinco días hábiles desde realizada la transacción, eliminando las demoras en la acreditación de ventas que afectaban la liquidez de los establecimientos. 

Para las compras diferidas, la acreditación de la cuota correspondiente por parte del emisor deberá efectuarse también dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la obligación sea exigible al cliente.

Finalmente, la JPRFM abrió la infraestructura de pago a empresas no financieras mediante un nuevo marco de adquirencia, permitiendo el ingreso de competidores con un capital mínimo de 500 000 dólares para romper el duopolio tradicional en las redes de cobro. 

Toda la red bancaria, cooperativa e intermediarios tecnológicos disponen de un plazo perentorio de seis meses a partir de la emisión del reglamento para adaptar su normativa interna, plataformas operativas y emisión de plásticos al estándar aprobado.