¿Qué tan preparado está Ecuador para enfrentar una emergencia?; expertos debaten en De Lunes a Lunes

Un terremoto no avisa y sus consecuencias no dependen únicamente de la magnitud del movimiento. Los recientes sismos registrados en Colombia y Venezuela vuelven a poner el foco sobre la capacidad de respuesta de los Estados: infraestructura, hospitales, sistemas de alerta, equipos de rescate y recursos disponibles para atender una emergencia.

En Ecuador, un país expuesto a una alta actividad sísmica, la pregunta es inevitable: ¿estamos preparados para responder antes, durante y después de un terremoto? Expertos analizaron en De Lunes a Lunes, este 17 de agosto, las capacidades y las deudas pendientes del Estado frente a un eventual desastre.

La prevención empieza antes del terremoto

Carlos De Tomasso sostuvo que una institucionalidad preparada para enfrentar desastres no puede construirse de manera inmediata. A su criterio, estos sistemas requieren actualización permanente y una coordinación sostenida entre las distintas instituciones.

El abogado cuestionó además el nivel de preparación de los gobiernos locales frente a una emergencia. La preocupación se suma a uno de los principales problemas señalados durante el debate: el incumplimiento de las normas de construcción.

Otto Sonnenholzner, exvicepresidente, advirtió que Ecuador debe aprender de experiencias anteriores y evitar que cada tragedia vuelva a evidenciar las mismas falencias. Señaló que el país ha actualizado su normativa de construcción, pero que una parte importante de las edificaciones no cumple con esos estándares.

Para Sonnenholzner, no basta con establecer normas. También deben existir controles y sanciones cuando una construcción no cumple con los requisitos técnicos o cuando una edificación colapsa pese a haber sido levantada bajo responsabilidad de profesionales y autoridades competentes.

El debate también tomó como referencia los daños provocados por los recientes movimientos telúricos en otros países de la región. En el caso de Venezuela, se señaló que una parte importante de las afectaciones se concentró en viviendas de carácter social.

Construcciones y hospitales, bajo la lupa

Theofilos Toulkeridis, experto en sismología, insistió en que la preparación debe comenzar antes de que ocurra el movimiento telúrico. No solo se trata de disponer de equipos de rescate o protocolos de emergencia, sino de preparar a la población para saber cómo actuar dentro de una edificación durante un sismo.

El especialista recordó que Ecuador tiene ejemplos de infraestructura diseñada con criterios de protección sísmica. Citó el caso de un puente que resistió el terremoto de 2016 gracias, entre otros elementos, a sus aisladores sísmicos.

Sin embargo, cuestionó que esas soluciones no se apliquen de manera generalizada.

También mencionó la construcción de nuevos hospitales en zonas como Chone, Pedernales y Bahía de Caráquez, algunos de ellos con sistemas de aislamiento sísmico. Pero advirtió que la infraestructura no depende únicamente del diseño estructural: la ubicación y las condiciones del suelo también pueden determinar el nivel de riesgo.

La conclusión del debate fue que Ecuador necesita avanzar de una lógica reactiva a una política de prevención que permita identificar y reducir riesgos antes de una emergencia.

Videovigilancia: ¿Municipios o Gobierno Central?

La discusión sobre la capacidad institucional continuó con otro tema: el control de los sistemas municipales de videovigilancia.

Andrés Castillo, asambleísta, aseguró que durante el proceso de fiscalización relacionado con Segura EP se identificaron situaciones que, a su criterio, debían ser investigadas. Señaló que se habría constatado la coordinación para determinar cómo llegar a determinadas cámaras y defendió las acciones de fiscalización realizadas desde la Asamblea Nacional.

Castillo también cuestionó el desempeño que, según su versión, tenía Segura EP cuando estaba a cargo de las cámaras de seguridad de Guayaquil. Sostuvo que inicialmente existía una capacidad limitada de respuesta a las alertas y que posteriormente se reportó un incremento de las intervenciones.

Para el asambleísta, el manejo de las cámaras debe estar vinculado directamente con la estrategia de seguridad y con la capacidad de respuesta frente al delito.

Daniela Valarezo, exsecretaria de Seguridad del Municipio de Quito, rechazó la politización de este debate. Recordó que las cámaras de videovigilancia de Segura EP fueron contratadas a Telconet y sostuvo que esa relación también se ha convertido en un elemento de discusión política.

Valarezo insistió en que la seguridad requiere coordinación y cuestionó que se mezclen intereses políticos con las decisiones relacionadas con la lucha contra el crimen.

Municipios y Gobierno: ¿quién debe controlar las cámaras?

Carlos De Tomasso sostuvo que la seguridad es una competencia que puede involucrar a diferentes niveles de gobierno y que, en el modelo aplicado en Guayaquil, siempre estuvo contemplada la participación de la Policía.

Además, recordó que las cámaras municipales no tienen únicamente una función de seguridad. También pueden ser utilizadas para servicios relacionados con la operación de las ciudades, por lo que, a su criterio, la presencia de los municipios no debería excluirse.

“El tema no es que no puedan convivir”, planteó De Tomasso, al defender un esquema en el que Policía y municipios puedan utilizar estos sistemas de manera coordinada.

Otto Sonnenholzner coincidió en que la videovigilancia constituye una herramienta fundamental para la seguridad, pero sostuvo que el problema debe abordarse desde la cooperación entre los distintos niveles de gobierno.

Jaime Nebot defiende las competencias municipales

El exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot también intervino en el debate y cuestionó que una eventual irregularidad en la administración de un sistema municipal sea utilizada para afectar a toda una institución o a una ciudad.

Nebot sostuvo que, si existen delitos o actos ilegales en la administración de un sistema, deben ser investigados y sancionados sus responsables. A su juicio, las responsabilidades penales corresponden a las personas que cometen los delitos y no a las personas jurídicas.

También defendió el respeto a las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y planteó que, más allá de las atribuciones establecidas en la ley, la seguridad exige coordinación entre las instituciones.

Para el exalcalde, cuando está en juego la vida de las personas, las autoridades nacionales y locales deben actuar de manera conjunta, sin asumir competencias que corresponden a otro nivel de gobierno.

Su argumento central fue que los recursos destinados a esas operaciones provienen de las propias ciudades y que el Gobierno Central no debería asumir directamente la operación municipal.Seguridad y recursos