De Lunes a Lunes analiza cómo la minería ilegal destruye Napo, y las acciones desde el Gobierno

En De Lunes a Lunes invitados expertos analizan la situación que enfrenta Napo con la minería ilegal y si son acertadas o no las acciones que tomó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente de reconocer la contaminación ambiental en el Río Napo.

Para la exsubsecretaria de Minas del Ecuador, Isabel Bernal, lastimosamente desde el Gobierno y como país "no actuamos a tiempo" ante el avance de la minería ilegal y los daños que ha ocasionado en varios territorios.

"La minería ilegal ha permeado a todos los estamentos del Estado. Las funciones no están garantizadas y por lo tanto ahorita lo que hagamos va a requerir muchísimo dinero que el Estado no tiene", sostuvo Bernal.

Por su parte la expresidenta de la Cámara de Minería, Carolina Orozco, dijo que "por más exagerada que parezca, la medida era totalmente necesaria".

Para Orozco "la falta de control en territorio hizo que el Gobierno tome esta medida reactiva. Todas las reacciones reactivas son tardías. El deber ser era el control previo, como no hubo este control ahora se toma esta medida de suspender a todos por el tema de la contaminación y afectación social".

Durante el debate se ahondó en el tipo de minería que se puede desarrollar en el país, y para ello es importante entender que la decisión del Gobierno fue suspender las actividades aluviales, que tengan impacto en la cuenca del Río Napo.

Orozco recordó que en el país se desarrollan desde minería artesanal, industrial y a gran escala y esto no es igual en todas las concesiones.

Aquí, para el experto económico, Andrés Rodríguez Estrada, la medida -de suspender concesiones mineras por parte del Gobierno Nacional- es acertada porque en menos de dos años se ha duplicado el valor del oro actualmente está por encima de los 5 mil dólares la onza y eso es un tema de un incentivo a poder generar mayor actividad ilegal en este caso, y también creo que la medida está muy alineada al combate del crimen organizado y el narcotráfico.

Por su parte, la abogada y analista política, Nathaly Pernett, hizo énfasis en que la Judicatura no está haciendo su trabajo, "hay más de 1 000 denuncias presentadas y apenas 34 procesos que han llegado a tener sentencia. Yo entiendo que para los jueces es un tema complejo llegar a entender de mimería, extracción ilícita y demás es complicado. Aquí hay dos caminos: si el Estado no interviene a través de las garantías, que inclusive la minería legal genera para esas comunidades, lo único que termina pasando es que esas comunidades terminan presa de aquellos que se vuelven sus victimarios y sus captores".

Orozco puntualizó que son 16 provincias las que en la actualidad tienen presencia de extracción ilegal y que muchas de ellas tienen un fuerte vínculo con el crimen organizado.

Finalmente, Rodríguez alertó que el Gobierno debe estar atento ante una posible demanda de Perú "porque los ríos están ya con mercurio, y por otro lado la parte de control no solo de las instituciones, sino que hay que hacer la ruta del mercurio, la ruta del combustible y la ruta de la maquinaria, por que si se pone un pare hacia la economía criminal vinculada al narcotráfico también va a dar una solución al problema de la ciudadanía dentro de la zonas mineras".