¿Alquila casa o local? Asamblea debate nuevas reglas para la devolución de garantías y desalojos

La Asamblea Nacional continúa el trámite de una reforma a la Ley de Inquilinato que busca actualizar las normas para el arrendamiento de viviendas y locales en Ecuador. 

Entre los cambios propuestos constan nuevas reglas para las garantías, el registro de contratos, la mediación y la protección de los derechos de arrendadores e inquilinos.

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El proyecto fue debatido en primer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobara el informe correspondiente. 

La iniciativa plantea modernizar una normativa que regula una de las relaciones contractuales más frecuentes en el país.

La propuesta pretende adecuar la legislación a la realidad actual, corregir disposiciones que quedaron desactualizadas y brindar mayor seguridad jurídica tanto a propietarios como a arrendatarios. 

Tras el primer debate, el proyecto regresó a la Comisión para continuar con su análisis antes de un segundo debate. 

¿Qué cambia con la reforma a la Ley de Inquilinato?

Uno de los puntos centrales del proyecto es la regulación de las garantías que entregan los inquilinos al inicio del contrato. 

La propuesta contempla establecer topes máximos para estos depósitos y definir un mecanismo para su devolución al finalizar el arrendamiento.

Además, el proyecto incorpora definiciones claras sobre quiénes son el arrendador y el arrendatario, actualiza referencias legales que ya no están vigentes y reconoce tanto los contratos escritos como los acuerdos verbales.

También se establecen reglas más precisas sobre el contenido mínimo que deberá tener un contrato de arrendamiento, con el objetivo de reducir conflictos entre las partes y facilitar su aplicación. 

Principales puntos de la reforma 

Entre los cambios planteados en el proyecto constan:

• Regulación de las garantías con límites máximos y reglas para su devolución. 
• Definición clara de arrendador y arrendatario. 
• Reconocimiento de contratos escritos y verbales. 
• Contenido mínimo obligatorio para los contratos de arrendamiento. 
• Fortalecimiento de derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos. 
• Actualización de las normas sobre reparaciones de los inmuebles. 
• Modernización del registro de contratos de arrendamiento. 
• Incorporación de la mediación como mecanismo previo para resolver conflictos. 
• Actualización del régimen de sanciones por incumplimientos. 
• Eliminación de referencias monetarias en sucres y adaptación total al régimen de dolarización. 
• Mejoras en la figura de la subrogación para facilitar su aplicación. 
• Plataforma interoperable entre municipios y el Registro de la Propiedad para la gestión de contratos. 

Debate en la Asamblea Nacional

Durante el primer debate, los legisladores analizaron temas como el desalojo solicitado por el propietario, el control de los arrendamientos realizados por personas jurídicas, la protección de los inquilinos y los límites para el canon de arrendamiento.

También se discutieron aspectos relacionados con la mediación previa antes de acudir a la justicia, el tiempo de vigencia de las garantías y los problemas que actualmente generan los contratos celebrados únicamente de forma verbal.

El informe presentado al Pleno recoge observaciones de especialistas en derecho, representantes de instituciones públicas y ciudadanos que participaron en el proceso de socialización de la propuesta.

 Según la comisión, estos aportes permitieron identificar vacíos legales y dificultades en la aplicación de la normativa vigente.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, destacó la necesidad de actualizar la legislación, mientras que el asambleísta Kevin Gallardo, quien presentó la moción para aprobar el informe, señaló que la reforma busca fortalecer la protección de los derechos de propietarios e inquilinos.

Tras concluir el primer debate, desde la Presidencia encargada de la Asamblea Nacional, se dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia para incorporar nuevas observaciones y continuar con el trámite legislativo antes de su discusión definitiva en el Pleno del Legislativo.