Precio, intermediarios...; estudio revela problemas en la venta de textos escolares en Ecuador

La concentración de las ventas, los precios, intermediarios y beneficios a colegios son los cuatro problemas que se indentificaron en la comercialización de textos escolares de instituciones particulares de Ecuador, según un estudio presentado por la Superintendencia de Competencia Económica. 

En la investigación, publicada el lunes 25 de agosto, se señala que de acuerdo a los datos recopilados entre 2021 y 2024 se identificó que la demanda de libros escolares sigue en aumento. No obstante, en este mercado persisten problemas relacionados con altos costos, distribución desigual y la falta de regulación.

La Superintendencia de Competencia Económica detalla que existe un nivel significativo de informalidad y falta de claridad en las condiciones de venta de los textos escolares. Lo cual podría derivar en "una desventaja para los padres de familia o representantes al no contar con elementos suficientes para relacionar y justificar el precio de los textos".

En el estudio además se descubrió que una sola empresa concentra el 40% de las ventas de los textos escolares, "lo que limita la competencia". 

La Superintendencia de Competencia Económica indica que los precios varían mucho entre editoriales y en algunos casos subieron de forma significativa en tres años. Según la información recopilada, desde el 2021 hasta el 2024, los libros costaron de 5 a 44 dólares. 

Además se identificó que más del 90% de las ventas de estos elementos escolares se hacen a través de intermediarios, lo que encarece el costo final para las familias. 

De igual forma se revela que algunos colegios reciben beneficios de proveedores, lo que puede distorsiona el mercado y afecta al bolsillo de las familias. 

En este último aspecto se recuerda que el nuevo reglamento para el nuevo año escolar se establece que se tendrán la plena libertad para adquirir los uniformes, textos y útiles escolares en los establecimientos de su preferencia y que en ningún caso se deberá direccionar la compra hacia proveedores específicos ni exigir la adquisición de productos o servicios dentro de la institución educativa.