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Ley establece que la educación financiera será obligatoria para estudiantes en Ecuador

La Asamblea Nacional aprobó una Ley que establece que se imparta educación financiera desde el nivel inicial hasta el superior.

Los estudiantes deben cumplir un régimen escolar de 200 días.

Ministerio de Educación

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

16 abr 2026 - 07:28

Con 88 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de Ley que establece que la educación financiera se imparta de forma obligatoria en todo el sistema educativo del país.

Este proyecto denominado Ley Orgánica de Educación Financiera establece que, por primera vez, se incluya de forma progresiva y transversal la educación financiera desde la etapa inicial hasta la educación superior

Así como también en la educación intercultural bilingüe, la etnoeducación y procesos no formales dirigidos a distintos grupos poblacionales.  

Durante el debate, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, dijo que esta  normativa permitirá que los jóvenes aprendan a manejar mejor su dinero, evitar estafas y utilizar de manera responsable productos financieros como créditos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar, indicó que el texto final incorpora aportes enfocados en la prevención de fraudes electrónicos, el uso seguro de plataformas digitales y la protección de datos personales. 

Entre sus disposiciones, se asigna "a la Autoridad Educativa Nacional y al ente rector de la política financiera y monetaria la responsabilidad de diseñar y ejecutar una estrategia nacional de educación financiera, que incluirá contenidos prácticos, metodologías pertinentes y procesos de evaluación con indicadores de impacto", indicó la Asamblea.

También se prevé la capacitación continua de docentes y la participación de entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria.

En el ámbito no formal, la normativa dispone programas obligatorios de educación financiera para grupos prioritarios, zonas rurales, emprendedores y migrantes, los cuales deberán ejecutarse al menos una vez al año y sin fines comerciales.

La Ley deberá ser reglamentada en un plazo de 90 días, y su implementación será evaluada periódicamente cada tres años.