UAFE analizará patrimonio de jueces y fiscales que favorezcan a sospechosos de delitos
El Ministro del Interior sostiene que redes criminales pagan a jueces y fiscales en Ecuador. UAFE activará un plan coordinado con el Gobierno.

El Ministro del Interior, John Reimberg, apareció en un video este viernes 13 de junio del 2025.
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Actualizada:
13 jun 2025 - 10:19
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Ministerio del Interior aunciaron, este viernes 13 de junio del 2025, una nueva medida que estará dirigida a los jueces y fiscales que liberan a sospechosos de delitos.
Como parte del plan de Gobierno se anunció que se revisará el patrimonio y origen de fondos de todos los jueces y fiscales que otorguen medidas procesales sustitutivas o la libertad "contra asesinos, secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, criminales y sus acólitos". La medida también se extenderá al entorno de los funcionarios.
A través de un video, el Ministro del Interior, John Reimberg, y el director encargado de la UAFE, José Julio Neira, informaron que ambas instituciones articularán fuerzas para seguir el rastro del lavado de activos que sostiene al crimen organizado.
"Las economías criminales mantienen a flote sus estructuras, extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales de los que se benefician para lograr la impunidad", dijo Reimberg.
Neira, en cambio, asegura que algunos operadores judiciales, abogados y empresarios han construido redes de apoyo al crimen organizado. Señala que hay abogados que ayudan a sus clientes a simular actividades económicas, empresas
fachadas, testaferros disfrazados de empresarios u operadores judiciales "que miran para el otro lado".
"No vamos a permitir que se siga utilizando al sistema financiero y a las instituciones del Estado para encubrir la violencia y el terror que viven los ecuatorianos", manifestó Neira.
Asimismo, el titular de la UAFE recalcó que "mientras la Policía captura a los delincuentes", la UAFE seguirá el rastro del dinero, identificando a sus actores clave y aportando información estratégica para desarticular las redes ilícitas.
El objetivo, dicen las autoridades, será tener un seguimiento del flujo económico ilegal, desenmascarar a jueces y fiscales que actúan en complicidad, y garantizar "que los criminales estén donde deben estar: en la cárcel”, dijo Neira.
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