Tribunales militares y flexibilización laboral plantea el Plan Nacional de Seguridad

La creación de tribunales militares especializados, medidas contra el crimen organizado, fortalecimiento de la ciberseguridad e impulsar la flexibilización laboral, son algunas de las estrategias que constan en el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029.

El presidente Daniel Noboa oficializó este plan como un instrumento que definirá las políticas y acciones del Estado en materia de seguridad durante los próximos años. 

La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo 448, firmado el 14 de julio de 2026, en medio del conflicto armado interno y del estado de excepción vigente en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay.

El documento, aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) el pasado 9 de marzo de 2026, se convierte en una política pública de alcance nacional que establecerá las directrices para coordinar el trabajo de las instituciones responsables de la seguridad entre 2025 y 2029.

El plan contempla siete objetivos nacionales de seguridad, cada uno con estrategias de aplicación inmediata, a corto plazo (hasta un año) y a mediano plazo (hasta dos años). 

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Creación de tribunales militares

Una de las estrategias que están planteadas para ejecución inmediata es impulsar la creación de tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura. 

La finalidad es que esa entidad sea la autoridad competente para "conocer y sustanciar los procesos penales relacionados con militares".

Flexibilización laboral y reducción de la informalidad

El documento también incorpora estrategias orientadas al ámbito laboral. Entre ellas se encuentra la promoción de proyectos para la formalización del trabajo informal, mediante acciones coordinadas entre los sectores público y privado, enfocadas en la inclusión social, el desarrollo productivo y el fortalecimiento del gobierno electrónico.

Además, el Ministerio de Trabajo tendrá como objetivo reducir el desempleo y la informalidad laboral hasta 2028, impulsando mecanismos que favorezcan la incorporación de trabajadores al empleo formal.

Otra de las estrategias que se busca impulsar, en un plazo de un año, es la flexibilización laboral, la cual deberá desarrollarse "en el marco de la normativa vigente". Sin embargo, el documento no precisa cuáles serían las medidas concretas ni cómo se aplicaría este mecanismo.

Acciones inmediatas contra el crimen organizado

Entre las medidas de ejecución inmediata se incluye el fortalecimiento del poder coercitivo del Estado, con énfasis en las zonas de mayor conflictividad y fronterizas. 

También se plantea reforzar la vigilancia de las rutas aéreas, marítimas y terrestres vinculadas a economías ilícitas. 

Además, se plantea fortalecer la ciberseguridad nacional y neutralizar las cadenas de mando de los grupos armados organizados.

En cambio, dentro de las estrategias previstas para ejecutarse en el plazo de un año, el Gobierno propone fortalecer "el empleo de medios tradicionales y digitales con alcance nacional e internacional que incremente la percepción positiva en materia de seguridad". Esta tarea estará a cargo de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

Asimismo, el plan establece como prioridad la profesionalización del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (Snai), con la meta de que en 2027 esta institución retome las labores de seguridad en los Centros de Privación de Libertad (CPL), funciones que actualmente desempeñan las Fuerzas Armadas.