Nuevo reglamento: Así será el control en las cárceles de Ecuador

El nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social redefine cómo funcionan las cárceles en Ecuador. El domunento pone énfasis en seguridad, control y rehabilitación de las personas privadas de libertad.

El nuevo reglamento del sistema penitenciario marca un giro en la forma en que el Estado gestiona las cárceles. 

Con el Decreto 366, el Gobierno busca ordenar un sistema golpeado por la violencia y los problemas estructurales, estableciendo reglas más claras sobre el manejo de internos y la seguridad en los centros.

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Un cambio que aplica a todas las cárceles

La norma reorganiza todo el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Es decir, redefine quién toma decisiones, cómo se administra cada centro y qué responsabilidades tiene cada institución que interviene en el sistema.

Además, establece que las reglas serán obligatorias en todo el país. Esto significa que todas las cárceles, sin excepción, deberán aplicar los mismos criterios en temas como seguridad, rehabilitación y manejo interno.

Más control y seguridad en los centros

Uno de los puntos clave del Decreto es el refuerzo de la seguridad. Se plantea mejorar el control dentro de las cárceles, prevenir hechos violentos y actuar con rapidez ante posibles motines o situaciones de riesgo.

También se introduce un sistema de clasificación de los internos según su nivel de peligrosidad. 

Esto permitirá separar a las personas privadas de libertad y evitar que se mezclen perfiles que puedan generar más violencia dentro de los centros.

El rol del Snai

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (Snai) tendrá un papel central. Este organismo estará dirigido por una autoridad designada directamente por el Presidente y será el encargado de ejecutar todas las políticas dentro de las cárceles.

Entre sus tareas están administrar los centros, controlar la seguridad, organizar las visitas, capacitar al personal y coordinar acciones con otras instituciones como la Policía Nacional del Ecuador e incluso las Fuerzas Armadas cuando la situación lo requiera.

Rehabilitación y reinserción, el otro eje

Más allá del control, el reglamento también pone énfasis en la rehabilitación. La idea es que las personas privadas de libertad puedan acceder a programas que les permitan reinsertarse en la sociedad una vez cumplida su pena.

Esto incluye proyectos productivos, formación educativa y seguimiento después de salir de prisión. 

Se busca reducir la reincidencia y dar una segunda oportunidad a quienes cumplan con los procesos establecidos.

Infraestructura, inteligencia y respuesta

El Decreto también abre la puerta a mejorar la infraestructura penitenciaria. Se contempla la construcción, adecuación y mantenimiento de centros, buscando condiciones más adecuadas tanto para internos como para el personal.

A esto se suma el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria, con sistemas que permitan detectar riesgos a tiempo y prevenir hechos violentos. En casos extremos, se prevé la intervención de grupos especializados para retomar el control.

En conjunto, el Decreto 366 intenta responder a una de las mayores crisis del país: la situación en las cárceles. Ahora, el reto será que estas medidas se cumplan en la práctica y logren cambios reales dentro del sistema.