Fiscalía inicia investigación por amenazas de muerte a juez electoral Joaquín Viteri

La Fiscalía General del Estado informó este 30 de mayo de 2026 que inició las investigaciones correspondientes tras las denuncias realizadas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre presuntas amenazas de muerte contra el juez Joaquín Viteri Llanga.

A través de un comunicado, la entidad señaló que busca esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables, reiterando además que ningún delito quedará en la impunidad.

¿Qué dijeron las instituciones?

Fiscalía General del Estado

La FGE confirmó que ya dispuso el inicio de las investigaciones y aseguró que mantendrá acciones para combatir estructuras delictivas que intenten intimidar o interferir en la labor del sistema judicial ecuatoriano.

Corte Nacional de Justicia

La Corte Nacional expresó su solidaridad con el juez Joaquín Viteri y su familia, señalando que las amenazas habrían ocurrido tras actuaciones jurisdiccionales relacionadas con el ámbito electoral.

Además, rechazó cualquier forma de intimidación o presión contra autoridades judiciales y afirmó que estos actos son incompatibles con los principios de independencia judicial y Estado de Derecho.

Consejo Nacional Electoral

El CNE manifestó su preocupación ante las presuntas amenazas contra el magistrado y ratificó su respaldo al ejercicio independiente y seguro de las funciones jurisdiccionales.

También rechazó cualquier acto de amedrentamiento y aseguró que continuará defendiendo la institucionalidad democrática y los derechos de participación política de la ciudadanía.

Puntos clave del caso

• Las amenazas fueron denunciadas públicamente por el Tribunal Contencioso Electoral. La Fiscalía ya abrió una investigación formal.
• La CNJ vinculó los hechos con actuaciones del ámbito electoral.
• El CNE advirtió sobre riesgos para la institucionalidad democrática.
• Las instituciones coincidieron en rechazar cualquier intento de presión contra operadores de justicia.

Los pronunciamientos se producen en medio del proceso electoral seccional y del CPCCS 2027, en un contexto de alta tensión política y preocupación por posibles presiones contra autoridades electorales y judiciales del país.