Noboa ha decretado 24 estados de excepción en 32 meses; 20 fueron por inseguridad

Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia, Ecuador ha atravesado una sucesión de estados de excepción. Entre enero de 2024 y agosto de 2026, el Gobierno ha emitido 24 decretos relacionados con esta medida extraordinaria.

La mayor parte de estas declaratorias estuvieron relacionadas con la inseguridad. En total, 20 de los 24 decretos tuvieron como argumento principal la violencia y las amenazas a la seguridad interna.

Noboa llegó al poder en noviembre de 2023 y, en enero de 2024, firmó su primer estado de excepción a escala nacional por grave conmoción interna. 

Los decretos emitidos durante el Gobierno de Noboa se concentran de la siguiente manera:

• 2024: 9 estados de excepción.
• 2025: 12 estados de excepción.
• 2026: 3 estados de excepción hasta agosto.

En 20 ocasiones se decretaron estados de excepción debido a la inseguridad, tres por protestas sociales y una por la crisis energética.

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El último decreto de estado de excepción fue firmado el 14 de agosto de 2026. Noboa renovó por otros 30 días el estado de excepción en 10 provincias y tres cantones.

La medida rige en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. También incluye los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

Este estado de excepción fue declarado inicialmente el 16 de junio de 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 423, con una vigencia inicial de 60 días.

Ley aprobada en la Asamblea

En este contexto de los reiterados estados de excepción, la Asamblea Nacional aprobó, el 25 de agosto, con 83 votos, el proyecto de Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.

La propuesta, impulsada por la asambleísta Inés Alarcón, establece las condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en tareas de seguridad sin que necesariamente se decrete un estado de excepción.

Alarcón defendió la iniciativa bajo el argumento de que la lucha contra el crimen organizado “no debe depender exclusivamente de medidas extraordinarias y que el Estado necesita herramientas dentro de un régimen ordinario”.