Conflicto armado en Ecuador: así funcionan las medidas en América Latina

La decisión del presidente Daniel Noboa de declarar, este jueves 18 de junio de 2026, nuevamente el estado de conflicto armado interno en Ecuador ha reabierto el debate sobre la efectividad de las medidas excepcionales para enfrentar al crimen organizado.

Aunque la figura aplicada en Ecuador tiene características particulares, varios países de América Latina han recurrido en los últimos años a estados de excepción, intervenciones militares o mecanismos extraordinarios para intentar contener la violencia, las pandillas, el narcotráfico y otros grupos armados.

Los resultados, sin embargo, han sido distintos según cada contexto.

El Salvador: el caso más citado de la región

Desde marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele mantiene un régimen de excepción para combatir a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

La medida permitió ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y realizar detenciones masivas.

Según cifras oficiales, el país registró una drástica reducción de homicidios y pasó de estar entre los más violentos del mundo a reportar una de las tasas más bajas de América Latina.

No obstante, organismos internacionales de derechos humanos han cuestionado el régimen por denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones a garantías procesales y condiciones carcelarias.

Honduras: inspiración en el modelo salvadoreño

Honduras implementó en 2022 un estado de excepción para combatir las maras y la extorsión.

Las autoridades reportaron una reducción de algunos delitos y una mayor capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, organizaciones civiles han advertido sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales y han pedido que las medidas extraordinarias sean acompañadas por reformas estructurales.

Colombia: medidas focalizadas en zonas de conflicto

Colombia ha utilizado durante décadas herramientas excepcionales para responder a la presencia de grupos armados ilegales.

En enero de 2025 el Gobierno declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo tras una escalada de violencia entre organizaciones criminales y grupos guerrilleros. Aunque esa medida fue levantada luego de tres meses.

A diferencia de otros modelos, estas medidas tienen límites temporales y están sujetas a revisión constitucional.

Perú: militares en las calles contra la delincuencia

El Gobierno peruano ha recurrido en varias ocasiones al estado de emergencia en Lima y otras ciudades afectadas por extorsiones, homicidios y crimen organizado.

Estas declaratorias permiten el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y la restricción temporal de algunos derechos constitucionales.

Las autoridades sostienen que los operativos han facilitado capturas y controles en zonas conflictivas, pero especialistas en seguridad señalan que los efectos suelen ser temporales y que las organizaciones criminales se reorganizan cuando terminan las intervenciones.

México: dos décadas de lucha contra los carteles

Desde 2006, México ha mantenido una estrategia de fuerte participación militar en la lucha contra el narcotráfico.

Miles de soldados han sido desplegados en diferentes estados y, en años recientes, la Guardia Nacional asumió un papel central en las tareas de seguridad pública.

La estrategia ha permitido la captura de importantes líderes criminales y el decomiso de drogas y armas.

Sin embargo, los niveles de violencia continúan siendo elevados en varias regiones, lo que ha generado un amplio debate sobre la efectividad de una política centrada principalmente en el uso de la fuerza.

Brasil: intervención federal en Río de Janeiro

En 2018, el Gobierno brasileño ordenó una intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro y entregó el control operativo a las Fuerzas Armadas para enfrentar a organizaciones criminales y bandas vinculadas al narcotráfico.

La medida incrementó los operativos y decomisos de armas, pero estudios posteriores concluyeron que los resultados fueron limitados y que la reducción de la violencia no logró sostenerse una vez finalizada la intervención a finales de ese año.