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Ajusticiamiento en Ecuador: entre la indignación ciudadana y el riesgo de cometer un delito

La Defensoría del Pueblo apuntó que los linchamientos afectan los derechos humanos por ser crueles, inhumanos y degradantes.

Los linchamientos populares pueden representar un delito.

Freepick

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

10 mar 2026 - 12:03

En medio del aumento de la inseguridad y la desconfianza hacia el sistema judicial ecuatoriano, cada vez se reportan más casos en los que ciudadanos terminan por linchar a otros, señalándolos de delincuentes.

Sin embargo, la mal llamada "justicia por mano propia" no existe y puede conllevar un delito, de acuerdo con las leyes de Ecuador.

Los ajusticiamientos incluyen castigos y linchamiento. Estos actos ciudadanos se dan sin esperar la intervención de la Policía o de un juez. En estos casos no existe un proceso legal ni garantías para determinar si la persona realmente es culpable.

En la última semana de febrero dos hombres fueron linchados en diferentes scetores de Quito. La comundiad los señaló por delitos y los agredió hasta que llegó la Policía Nacional para ponerlos bajo custodia.

Según datos de la encuestadora Click Research de enero de 2026, el sistema de justicia tiene apenas un 25,19% de aprobación, lo que se ve reflejado en las acciones ejecutadas por la ciudadanía en las calles.

La legítima defensa está contemplada en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La ley dice que se considera así cuando "la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno".

Aun así, la legítima defensa debe ser calificada como tal por las autoridades. Según el COIP, debe cumplir varios requisitos, entre ellos:

  • Que la legítima defensa sea ante una agresión actual e ilegítima
  • Debe haber una necesidad racional de la defensa, es decir, que esta debe ser proporcional al ataque 
  • Es necesario que la persona que se defiende no haya provocado la agresión con una acción similar previa

El COIP, en su artículo 140, dice que el “asesinato que se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular…” se sanciona con hasta 26 años de cárcel. Esto aplica en casos de linchamientos, algunos ya registrados en diferentes provincias del país.