Organizaciones anuncian primeras acciones en rechazo a despidos y fusión de ministerios

Las primeras respuestas ciudadanas al plan de eficiencia del Gobierno de Daniel Noboa no se hicieron esperar. Colectivos, sindicatos y organizaciones sociales se activaron tras el anuncio de despidos masivos de funcionarios públicos y la fusión de ministerios.

El Gobierno anunció, el jueves 24 de julio del 2025, el despido de 5 000 funcionarios públicos y la fusión de ministerios que pasan de 20 a 14 y secretarías de nueve a tres.

El ajuste gubernamental ha generado rechazos en múltiples frentes. En cambio, el Ejecutivo sostiene que estas acciones son necesarias para reducir el tamaño del Estado y optimizar los recursos.  

Además, esa decisión se tomó en el marco de cumplir con las metas del programa crediticio que la administración de Daniel Noboa firmó el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener 5 000 millones de dólares. 

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Acciones ante la decisión del Gobierno

La primera protesta en rechazo al anuncio del Gobierno fue convocada por el sector cultural. Este viernes 25 de julio, a las 17:00, artistas y gestores culturales se autoconvocaron frente al Ministerio de Cultura en Quito para protestar bajo el lema 'La cultura no es un lujo, es un derecho'.

La protesta busca frenar la decisión de fusionar el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, que además absorberá al Ministerio del Deporte y a la Secretaría de Educación Superior.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana convocó a las asambleas provinciales del organismo a reunirse para definir acciones conjuntas en busca de frenar la fusión. 

Para esa institución, la decisión del Gobierno provoca una "desinstitucionalización del sector público cultural" y aseguró que "esto afecta gravemente a los principios de continuidad, planificación y garantía de derechos". 

Este viernes 25 de julio, el Ministerio de Cultura dijo que, pese a la fusión, se garantiza "la continuidad de todas las actividades, concursos públicos de los institutos adscritos, servicios y atención al público en museos, bibliotecas, archivos, sitios arqueológicos y centros culturales.

Po otra parte, el anuncio de los despidos masivos también puso en alerta al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que analiza adelantar las movilizaciones nacionales previstas inicialmente para el próximo 7 de agosto. 

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), aseguró que la organización asumirá el patrocinio legal a los funcionarios públicos despedidos y exigió respeto a los derechos laborales.

Además, por las desvinculaciones de funcionarios públicos, la Confederación Nacional de Servidores Públicos anunció apoyo a movilizaciones previstas para el 31 de julio del 2025, a las 10:00, que fueron convocada por las organizaciones de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).  

Mujeres alzan la voz

Colectivos de mujeres rechazaron, además de los despidos, la fusión del Ministerio de la Mujer con la Cartera de Gobierno.

La Coalición Nacional de Mujeres expresó "su más enérgico rechazo por esta decisión que atenta gravemente contra la institucionalidad de las mujeres y representa un retroceso inadmisible en las políticas de igualdad de género".

“El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos lo defendemos, por eso exigimos al Estado que garantice nuestros derechos y nos proteja no que nos invisibilice”, añadió el organismo a través de redes sociales.

Mientras tanto, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Fundación Aldea) coincidió en señalar que esta decisión de Noboa "es un retroceso en derechos para todas las mujeres".

Preocupación ambiental

La fusión del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas ha encendido alertas en el movimiento ecologista. Organizaciones como Yasunidos y Cedenma alertan que la medida prioriza los intereses del sector extractivo y debilita los mecanismos de protección ambiental. 

Además, amabas organizaciones ambientales calificaron la fusión como “un grave retroceso en la institucionalidad ambiental del Ecuador”.

La controversia también ha llegado a oídos de organismos internacionales y académicos. Tarsicio Granizo, director para Ecuador del Fondo Mundial para la Naturaleza aseguró que la decisión significa un "retroceso de años".

Por su parte la activista ambientalista y de derechos humanos, Helena Gualinga, alertó que a partir de la fusión, “el control, la regulación y la fiscalización de todas las actividades ahora están en manos de las mineras y las petroleras”.