Olsen: 'La inmunidad parlamentaria no puede ser un mecanismo de impunidad'

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, anunció este lunes 9 de marzo de 2026 la suspensión del trámite relacionado con el pedido de autorización para enjuiciar al legislador Juan Andrés González, quien enfrenta una querella por presunta calumnia presentada por la asambleísta Naila Quintana.

La decisión fue comunicada en medio del debate sobre los alcances de la inmunidad parlamentaria y su aplicación en procesos judiciales que involucran a miembros del Legislativo.

Según explicó Olsen, el tratamiento de la solicitud queda suspendido al aplicar el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Esa normativa señala que, cuando un pedido de autorización para procesar penalmente a un asambleísta no es resuelto por el Parlamento en un plazo de 30 días, la autorización se concede automáticamente.

“He decidido suspender el tratamiento del pedido para levantar la inmunidad del asambleísta Juan González y que él responda directamente ante la justicia”, manifestó Olsen.

El titular del Legislativo también enfatizó que la inmunidad parlamentaria es una garantía institucional diseñada para proteger la independencia del ejercicio legislativo, pero advirtió que no debe utilizarse como un mecanismo de protección frente a responsabilidades legales.

"La inmunidad parlamentaria no puede convertirse en un mecanismo de impunidad", señaló Olsen. "Los ecuatorianos están cansados de ver cómo algunos usan la inmunidad parlamentaria como escudo para abusar del poder". 

El jefe de la bancada de Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, deberá enfrentar procesos judiciales por presuntas calumnias contra legisladores del bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN).

El legislador perderá su inmunidad parlamentaria en los próximos días, aunque no por una votación del Pleno de la Asamblea. 

La situación se destrabó tras la decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quien anunció que no volverá a incluir en el orden del día el tratamiento del pedido para levantar la inmunidad de González, lo que permitirá que el legislador enfrente los procesos directamente ante la justicia.

Cuando un asambleísta es denunciado en una causa penal, el juez que conoce el caso debe remitir un oficio al Parlamento solicitando autorización para continuar con el proceso. Posteriormente, el titular del Legislativo convoca al Pleno para que los asambleístas decidan si se levanta o no la inmunidad.

En el caso de González, se intentó tratar el tema cerca de diez ocasiones sin éxito, debido al respaldo del bloque correísta, que impidió reunir los votos necesarios para autorizar el enjuiciamiento.

Sin embargo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece un mecanismo alternativo. La norma señala que si el pedido de autorización enviado por la autoridad judicial no es resuelto por la Asamblea en un plazo de 30 días, la autorización se entiende concedida automáticamente.

Las querellas contra González se originaron tras declaraciones realizadas a finales de 2025, cuando el legislador calificó de “terrorista” al bloque de ADN luego de una explosión registrada en la Bahía de Guayaquil en junio de ese año, hecho que el asambleísta atribuyó a un supuesto “autoatentado” del Gobierno.