Ley de Extradición en Ecuador: Cambios clave aprobados por la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional aprobó este martes 7 de julio de 2026, por unanimidad, la nueva Ley de Extradición, una normativa que reemplaza la legislación vigente desde el año 2000 y busca modernizar los procedimientos para la entrega de personas requeridas por la justicia de otros países o por el Estado ecuatoriano.

La nueva ley desarrolla el mecanismo de extradición previsto tras la consulta popular de abril de 2024, cuando la ciudadanía aprobó la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos en determinados casos. 

Según la Comisión de Justicia, la normativa fortalece la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otros delitos graves. 

Estos son los principales cambios en la ley

• Se reemplaza la ley vigente desde hace 26 años

La nueva normativa deroga la Ley de Extradición promulgada en agosto de 2000, al considerar que presentaba vacíos legales y procedimientos desactualizados frente a las nuevas formas de criminalidad internacional.

• Se reducen los tiempos del trámite

Uno de los cambios centrales es la reducción de los plazos para procesar las solicitudes de extradición. La Comisión de Justicia sostuvo que algunos procesos tardaban entre tres y seis años, pese a que la ley establecía tiempos menores. Con la reforma se busca agilizar tanto las extradiciones activas como las pasivas. 

• Definen las competencias de cada institución

La ley establece con mayor precisión el rol de las entidades que intervienen en el procedimiento:

La Presidencia de la Corte Nacional de Justicia actúa como autoridad central en materia de extradición. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana canaliza y revisa los pedidos internacionales. La Presidencia de la República interviene en la fase final del procedimiento conforme a las competencias previstas en la normativa. 

• Suspenden los plazos de la prisión preventiva

La norma dispone que, mientras se tramite un proceso de extradición, se suspenda la prescripción de la medida cautelar de prisión preventiva, con el objetivo de evitar que una persona requerida se beneficie del paso del tiempo durante el procedimiento internacional. 

• Se mantienen garantías en materia de derechos humanos

La ley establece que Ecuador no concederá extradiciones cuando el Estado requirente no garantice el derecho a la vida, exista riesgo de tortura, tratos crueles o inhumanos, o no se respete el debido proceso. También mantiene el principio de especialidad, que impide juzgar a la persona extraditada por delitos distintos a los que motivaron su entrega. 

• Se ratifica el principio de irretroactividad

La normativa incorpora una disposición transitoria que establece que la extradición no podrá aplicarse a hechos ocurridos antes de la reforma constitucional aprobada en 2024, en cumplimiento del principio de irretroactividad de la ley penal.

• Se mantiene la exclusión para delitos políticos

El proyecto conserva la posibilidad de negar la extradición cuando se trate de delitos de carácter político. Sin embargo, aclara que esa excepción no se aplicará a conductas relacionadas con terrorismo o crímenes de lesa humanidad.