Inconstitucionalidad de Ley de Integridad detiene evaluaciones a funcionarios públicos

La reciente decisión de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional la Ley de Integridad Pública, frenó varios de los procesos que estaban en marcha tanto en el ámbito laboral como en el tributario.

Uno de los principales impactos recae en las evaluaciones a servidores públicos. Estaba previsto que en octubre se realice un simulacro de evaluación y que, a partir del próximo año, se apliquen pruebas semestrales en enero y julio.

Estas podían derivar en despidos en caso de calificaciones deficientes. Con el fallo, esos procedimientos quedaron anulados. No obstante, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, señaló que las evaluaciones no desaparecen del todo, pues la Ley Orgánica de Servicio Público, vigente desde 2010, establece exámenes anuales.

Según la normativa, quienes obtengan menos del 69 % deberán ser separados de su cargo, previa apertura inmediata de un sumario administrativo.

Otro punto que genera dudas es el de los servidores que ya fueron desvinculados durante la vigencia de la Ley de Integridad Pública. En este caso, la Corte no otorgó efectos retroactivos a su resolución, por lo que esos despidos se mantienen firmes.