Gobierno ordenó el desalojo del edificio de Corte Constitucional; luego dejó sin efecto la decisión

El Ministerio de Ambiente y Energía notificó a la Corte Constitucional (CC) con la finalización del convenio de cooperación que permitía al máximo organismo de control constitucional utilizar las instalaciones del edifico Tamagar, en Quito.

La CC recibió la notificación el martes 19 de agosto del 2025. El documento estaba dirigido al presidente de ese organismo, Jhoel Escudero. En el texto se dejaba en firme la “terminación inmediata del convenio de cooperación institucional del 26 de abril de 2019, su adenda del 12 de abril de 2022 y su renovación del 19 de abril de 2024″.

Por lo que la Corte Constitucional dio un plazo de un mes “improrrogable” para que proceda con el “desalojo y liberación absoluta del edificio”, ubicado en las calles José Tamayo y Lizardo García, en el centro norte de Quito.

Según el documento, se trataba de una disposición del presidente de la República, Daniel Noboa, con base en los decretos 60 (24 de julio) y 94 (14 de agosto). Esto debido a que tras la fusión del Ministerio de Energía con el de Ambiente es necesario “centralizar las unidades técnicas, operativas y administrativas para una gestión eficiente”.

Tras el desalojo de los funcionarios de la Corte Constitucional, el edificio iba a ser destinado a persona que trabaje en proyectos de inversión.

24 horas después de la disposición de Noboa, el Ministerio envió nuevamente un oficio al presidente de la Corte Constitucional en el que indicó que la disposición de desalojar queda insubsistente.