Gobierno decreta estado de excepción en siete provincias de Ecuador por manifestaciones

El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en siete provincias del país, este martes 16 de septiembre del 2025, por las protestas desatadas tras la eliminación del subsidio al diésel. 

Esta medida aplica en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, "por la causal de grave conmoción interna", según el Decreto Ejecutivo 134.

Esta declaratoria se da por "las paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas", señala el Primer Mandatario. 

El documento también menciona que "se busca detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, evitando una mayor afectación a la población ecuatoriana". 

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Según Noboa esta declaratoria de estado de excepción aplica solo en siete provincias "por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías".

Este estado de excepción tendrá vigencia de 60 días; sin embargo, esta declaratoria puede terminar de forma anticipada.   

Este martes 16 de septiembre del 2025, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas llegaron a la Panamericana Norte para habilitar la vía que fue cerrada por los manifestantes, quienes rechazan el incremento del precio del diésel. 

Derecho a la libertad de reunión restringido

Se suspendió el derecho a la libertad de reunión en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. Esto consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día.

Por lo tanto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán impedir y desarticular  reuniones en espacios públicos "donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana o paralización de servicios públicos".

El Decreto Ejecutivo aclara que la suspensión del derecho a la libertad de reunión no implica restricción al derecho a manifestarse "siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía". 

"La movilización de la Policía Nacional tendrá por objeto reforzar el control interno para garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos y la intervención emergente ante incidentes que vulneren derechos de las personas", detalla el documento oficial.

La finalidad es "garantizar el derecho al libre tránsito, libre desarrollo de actividades económicas y evitar la destrucción del patrimonio nacional y cultural", señala el Decreto de Noboa.