La fusión del Ministerio de Ambiente al de Energía y Minas genera controversia en Ecuador

La decisión del Gobierno Nacional de fusionar el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas ha desatado una ola de críticas este jueves 24 de julio del 2025. 

Organizaciones ambientalistas, sectores académicos y políticos, advierten que esta medida podría debilitar la protección de los ecosistemas y generar conflictos de interés en la gestión de recursos naturales.

El anuncio lo hizo la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo. La funcionario indicó que la medida forma parte de un Plan de Eficiencia Administrativa, que incluye la supresión de seis ministerios en el país.  Según el Gobierno, la fusión busca reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones.

La fusión entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas genera preocupación especialmente por el riesgo de que los intereses económicos del sector extractivo prevalezcan sobre los principios de conservación ambiental.

Organizaciones como Yasunidos y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y Ambiente (Cedenma) calificaron la fusión como “un grave retroceso en la institucionalidad ambiental del Ecuador”.

¿Cómo puede el órgano encargado de frenar el extractivismo estar subordinado ahora a quien lo promueve?, cuestionó Yasunidos en un comunicado publicado en la red social X. Además, indicó que la decisión se trata de un acto político que profundiza el modelo extractivista en el país.

La controversia también ha llegado a oídos de organismos internacionales y académicos. Tarsicio Granizo, director para Ecuador del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) aseguró que la decisión significa un "retroceso de años".

Por su parte la activista ambientalista y de derechos humanos, Helena Gualinga, alerta que a partir de la fusión, “el control, la regulación y la fiscalización de todas las actividades ahora están en manos de las mineras y las petroleras”.

“Eso es súper grave, un retroceso total para la defensa del medioambiente y los derechos de la naturaleza”.

Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que consagra los derechos de la naturaleza en su Constitución, por lo que esta medida genera dudas sobre su compromiso con esos principios.