¿Qué derechos se suspenden en el nuevo estado de excepción en Ecuador y qué implica?

El presidente Daniel Noboa declaró, la noche del martes 4 de noviembre del 2025, un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en varias zonas del país, ante el incremento de la violencia y la actividad de grupos criminales organizados.

La medida, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 202, tendrá una vigencia de 60 días y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).

El documento oficial sostiene que existe una “necesidad de adoptar medidas extraordinarias” para precautelar la seguridad ciudadana, impedir nuevos atentados y continuar con la desarticulación de estructuras criminales que operan en esas zonas.

¿Qué derechos se suspenden con el estado de excepción?

De acuerdo con el decreto presidencial, se suspenden dos derechos constitucionales: La inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de correspondencias y comunicaciones.

• Estos son los bonos estatales que están activos en Ecuador

Inviolabilidad del domicilio

Esta medida autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a realizar allanamientos y operativos sin orden judicial previa, en cualquier momento del día o la noche.

Según el Gobierno, los grupos delictivos utilizan viviendas, bodegas, talleres y locales comerciales como centros de mando, almacenamiento y logística, lo que ha dificultado la acción inmediata de las fuerzas del orden cuando se requiere una autorización judicial.

El Ejecutivo argumenta que suspender temporalmente este derecho permite actuar con inmediatez y efecto sorpresa, lo cual “optimiza los recursos, protege la vida e integridad de la ciudadanía y evita la filtración de información durante los procesos judiciales”.

“La aplicación de estas medidas es necesaria para disminuir los niveles de violencia en las provincias, y desarticular la organización de los grupos criminales en los cantones en mención”.

Inviolabilidad de correspondencia y comunicaciones

También se autoriza la intervención y monitoreo de comunicaciones electrónicas de los presuntos miembros de organizaciones criminales.

El Decreto explica que los grupos armados emplean redes digitales para mantener el mando y control de sus operaciones, coordinar acciones delictivas o violentas. Por ello, la interceptación de mensajes y llamadas es considerada “una herramienta eficaz para anticipar y neutralizar ataques o atentados”.

¿Por qué se aplica el estado de excepción?

El Ejecutivo argumenta que el país enfrenta “un grado de violencia de tal intensidad” que las medidas ordinarias ya no son suficientes para contener la amenaza.

Las autoridades aseguran que la intervención conjunta de Policía Nacional y Fuerzas Armadas es indispensable para restablecer el orden, especialmente en provincias donde el crimen organizado mantiene influencia territorial.

En el documento se detalla que el armamento, los métodos de operación, el alcance geográfico de los ataques y la actividad de las bandas delictivas “han sobrepasado los límites de contención”.

El estado de excepción estará vigente durante 60 días, lapso en el que las fuerzas del orden podrán realizar operativos de control, registro y detención bajo las nuevas condiciones.

Aunque el estado de excepción restringe ciertos derechos, el Gobierno sostiene que es temporal, focalizada y necesaria para “precautelar la seguridad de la población con medidas urgentes, y que permitan mitigar las amenazas en contra de la ciudadanía”.