Corte Constitucional declara que hubo detenciones ilegales en protestas de 2019

La Corte Constitucional declaró que hubo detenciones ilegales y arbitrarias por parte de la fuerza pública durante las protestas sociales de 2019. 

Esas manifestaciones fueron lideradas por el movimiento indígena contra la eliminación de los subsidios a los combustibles decretada por el entonces presidente Lenín Moreno.

La sentencia fue difundida, el martes 10 de marzo de 2026, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Allí se menciona que el Alto Tribunal determinó que en el paro nacional de octubre de 2019 se produjo la "privación de libertad ilegal y arbitraria" de seis adolescentes de entre 14 y 17 años, dos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas.

De acuerdo al fallo, los menores fueron detenidos por policías "bajo malos tratos, privados de su libertad en un lugar no autorizado, permanecieron incomunicados, no fueron separados de las personas adultas privadas de libertad y sus derechos fueron leídos luego de más de diez horas de la aprehensión".

Decisiones de la Corte Constitucional

Con esta decisión, los jueces ratificaron una sentencia de habeas corpus que permitió que los menores pudieran seguir en libertad en un proceso por presunto terrorismo, después de que un juez ordenó su internamiento preventivo, y señalaron que se vulneraron sus derechos a la libertad e integridad personal.

Por lo que, los jueces dispusieron que el Ministerio de Salud otorgue atención psicológica a los seis menores, que Educación les dé becas que cubran los gastos de estudios y que el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura emitan disculpas públicas, entre otras medidas.

La Conaie aseguró que este fallo "evidencia las graves vulneraciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas y confirma la responsabilidad del Estado en estos hechos".

"Esta sentencia constituye una victoria de la lucha de los pueblos del Ecuador y es resultado del trabajo conjunto de la Conaie, la Asociación Inocencio Tucumbi, la Alianza de Derechos Humanos y las familias que resistieron frente a la criminalización y la injusticia", dijo la organización.

Además, resaltó que la decisión también establece "criterios fundamentales para la protección del derecho a la protesta social, especialmente cuando participan adolescentes y miembros de pueblos y nacionalidades indígenas".

Durante las protestas, que se realizaron entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, murieron media docena de personas y más de 1 500 resultaron heridas, lo que provocó que Moreno diese un paso atrás en su decisión y derogara el decreto con el que eliminaba los subsidios a los combustibles.