La Contraloría auditará las declaraciones patrimoniales de directivos de la ANT
El organismo de control dispuso exámenes especiales a directivos de la ANT de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Santo Domingo.

La Contraloría auditará a directivos de la Agencia Nacional de Tránsito
Contraloría
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Actualizada:
30 ene 2026 - 13:00
La Contraoria General del Estado dispuso, este viernes 30 de enero de 2026, el inicio de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de varios funcionarios directivos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
El organismo de control ejecutará estas auditorías a los directivos de la ANT de las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Estos exámenes estarán a cargo de la Dirección Nacional de Audiloria de Declaraciones Patrimonicles Juradas de la Contraloría y se efectuarán con cargo a imprevistos del Plan Anual de Contro vigente.
Funcionarios de la ANT detenidos
La decidión de la Contraloría se tomó luego de que las oficinas de la ANT en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas fueron allanadas la madrugada de este viernes 30 de enero del 2026.
Estos operativos, como parte del caso Jaque, se desarrollaron en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada al interior de la institución. Se indaga el cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar trámites al interior de la ANT.
Nueve funcionarios, entre ellos el director de esa institución, fueron detenidos. Según la Fiscalía, la investigación se inició en julio del 2025.
En los allanamientos, la Policía Nacional se encontró fajos de dinero en efectivo, dispositivos de almacenamiento, licencias de conducir, joyas y documentos.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, los funcionarios estarían involucrados al grupo delictivo organizado Los Choneros. Mencionó que cobraban entre 150 y 200 dólares por la venta de licencias a domicilio y la entrega de frecuencias de forma ilícita.
Reimberg también indicó que están involucrados desde directores hasta personal técnico al interior de la organización. Se presume que el perjuicio es por más de 3 millones de dólares que ingresaron a las cuentas de los funcionarios detenidos.
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