Comisión de Seguridad aprobó informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Inteligencia
La Comisión de Seguridad analizó el texto este sábado 7 de junio del 2025. El informe se aprobó con seis votos a favor y cuatro en contra.

La Comisión de Seguridad Integral sesionó de forma presencial el sábado 7 de junio para tratar el informe.
Flickr Asamblea Nacional
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Actualizada:
07 jun 2025 - 22:20
La Comisión de Seguridad Integral aprobó el informe para segundo y definitivo debate el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia. El proyecto alcanzó seis votos a favor y cuatro en contra este sábado 7 de junio del 2025.
Los votos a favor vinieron en su mayoría del bloque de Acción Democrática Nacional. De hecho, fue el asambleísta oficialista, Mario Zambrano, fue quien mocionó la aprobación íntegra del texto.
A favor votaron los asambleístas: Andrés Castillo, Camila Cueva, Mario Zambrano, Gema Dueñas, Francisco Cevallos, Inés Alarcón. Mientras que los votos en contra vinieron de Mariana Yumbay (Pachakutik), Gerardo Machado, Jhajaira Urresta y Jahiren Noriega (Revolución Ciudadana).
Tras la aprobación el texto se enviará al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, para que decida cuándo incluirla en el orden del día para que sea analizada en el Pleno.
El proyecto tiene como finalidad regular las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, con el objetivo de neutralizar amenazas contra la seguridad del Estado.
Entre sus disposiciones más relevantes, contempla la creación del Sistema Nacional de Inteligencia y varios subsistemas especializados, entre ellos: el policial, militar, tributario y penitenciario.
La sesión estuvo marcada por tensiones políticas. Representantes de Revolución Ciudadana y Pachakutik expresaron su rechazo a varios artículos de la normativa, señalando preocupaciones sobre el alcance y uso de los sistemas de inteligencia.
Además, diversas organizaciones sociales hicieron público un comunicado en el que exigieron el archivo del proyecto. Advirtieron que la normativa, tal como está redactada, podría ser lesiva para los derechos humanos y facilitar eventuales prácticas de vigilancia o persecución política.
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