Auditoría, incentivos...; estos son los principales puntos de la Ley para regular fundaciones

Con 78 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, este martes 26 de agosto del 2025, la Ley de Transparencia Social o también conocida como Ley de Fundaciones, que fue enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económica-urgente.

La norma busca establecer un marco jurídico que promueva la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de las organizaciones sociales sin fines de lucro como fundaciones, organizaciones civiles, ONGs, organizaciones comunitarias que operan en Ecuador.

Este proyecto de Ley, que fue remitido por el Ejecutivo el pasado 29 de julio del 2025, parte del reconocimiento de que algunas de estas organizaciones podrían estar expuestas directa o indirectamente a flujos de dinero ilícito.

• Seis de cada 10 organizaciones no cuentan con presupuesto anual

Puntos principales de la Ley de Fundaciones

• La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será la encargada de vigilar y auditar a las organizaciones sociales sin fines de lucro. 
• El control que se ejerza sobre estos organismos dependerá de su nivel de riesgo, volumen de recursos, origen de los fondos y alcance territorial, entre otros.
• Se implementarán sistemas para identificar a los donantes y beneficiarios con el objetivo de prevenir el uso indebido de recursos.
• Las organizaciones deberán actuar con una cultura de integridad, implementar códigos de ética, sistemas de gestión de riesgos y responsables de cumplimiento institucional
• Se crea un Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. El objetivo es que exista una plataforma digital pública que permitirá consolidar información jurídica, financiera, operativa y de cumplimiento
• La Ley contempla incentivos para las organizaciones que adopten buenas prácticas en transparencia, integridad y rendición de cuentas. Entre los incentivos se contempla: el reconocimiento público, certificaciones, priorización en procesos de cooperación y alianzas estratégicas. 
• Las organizaciones eberán presentar anualmente un informe público de gestión y uso de recursos que incluya el detalle de ingresos y egresos, proyectos ejecutados y sus beneficiarios. 

Durante el debate, la asambleísta Mishel Mancheno destacó que esta norma busca cerrar las puertas a los flujos irregulares de capital que financian el crimen organizado y debilitan la justicia fiscal.

Mientras que las legisladoras Paola Cabezas y Viviana Veloz alertaron sobre vicios de inconstitucionalidad y riesgos de centralización de poder.