Caso Segura EP: Ministro del Interior y cúpula policial comparecen ante la Asamblea

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional inició este martes, 23 de junio del 2026, un proceso de fiscalización relacionado con el presunto uso irregular de las cámaras de videovigilancia de Segura EP, entidad adscrita al Municipio de Guayaquil. 

A la sesión acudieron el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila.

Las comparecencias forman parte de una investigación legislativa que busca esclarecer las denuncias sobre el supuesto uso indebido de sistemas de monitoreo y determinar si existieron afectaciones a la seguridad ciudadana o al manejo de información estratégica.

La lupa del Legislativo sobre el sistema de monitoreo

Durante la sesión, los legisladores esperan recibir información de las autoridades convocadas dentro del proceso de control político. 

La Comisión de Seguridad analiza los hechos denunciados y las posibles implicaciones derivadas del funcionamiento y utilización de las cámaras de videovigilancia.

El objetivo de la fiscalización es recopilar elementos que permitan establecer cómo se habrían producido las presuntas irregularidades y si existieron responsabilidades administrativas o de otra naturaleza relacionadas con el caso.

Seguridad ciudadana bajo análisis

Los asambleístas señalaron que la investigación también busca determinar si el presunto mal uso de las cámaras pudo afectar las acciones de prevención, monitoreo y respuesta frente a hechos delictivos.

La sesión se desarrolla en medio del debate sobre la protección de información considerada sensible para las operaciones de seguridad y la importancia de los sistemas tecnológicos utilizados por las instituciones públicas para la vigilancia de espacios estratégicos.

Sergio Peña anuncia respaldo a la investigación

El asambleísta independiente Sergio Peña informó que el Pleno de la Asamblea aprobó la conformación de una comisión encargada de investigar el caso. 

Según indicó, desde el Legislativo se recopilarán pruebas y elementos jurídicos para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Peña también advirtió que cualquier irregularidad relacionada con sistemas de videovigilancia representa un tema de interés para la seguridad pública y la lucha contra la delincuencia.