Asamblea inicia fiscalización a la Judicatura por supresión de Unidad Anticorrupción

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional inició, este jueves 24 de septiembre de 2026, el proceso de fiscalización a la Resolución 187-2026 del Consejo de la Judicatura, aprobada el pasado 7 de septiembre.

La medida dispuso la supresión de la Unidad Judicial Especializada en casos de corrupción y crimen organizado y el cambio de competencias de otras unidades penales. 

El proceso de fiscalización fue dispuesto previamente por el Pleno de la Asamblea Nacional, que aprobó con 85 votos que la Comisión de Justicia analice los documentos, informes y argumentos que sustentaron la decisión.

Durante la sesión de este jueves 24 de septiembre, la Comisión solicitó información relacionada con la resolución, entre ella el expediente completo, el acta de la sesión del 7 de septiembre, los registros de audio y video y los informes técnicos y jurídicos utilizados para tomar la decisión.

También se prevé convocar a los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura, al Director Nacional de la institución y al Director de Asesoría Jurídica.

Además, la Comisión busca escuchar a abogados y expertos en Derecho Constitucional para contar con diferentes elementos para el proceso de fiscalización.

¿Qué decidió la Judicatura?

La Resolución 187-2026 eliminó las dependencias judiciales especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado y redistribuyó sus competencias entre otras unidades penales.

La Judicatura sostiene que esta modificación no significa que los casos de corrupción y crimen organizado dejen de tener atención especializada.

Según la institución, el cambio permitirá ampliar el número de jueces capacitados y habilitados para conocer este tipo de procesos: pasarían de 19 a más de 50 jueces a escala nacional.

El Consejo de la Judicatura explicó que la reestructuración responde, entre otros aspectos, a la carga de trabajo y a un desequilibrio en la distribución de los procesos entre las unidades especializadas y otras dependencias penales.

La decisión generó cuestionamientos

La eliminación de las unidades especializadas provocó críticas y pedidos de explicaciones desde la Asamblea.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, fue convocada el 17 de septiembre por la Comisión de Garantías Constitucionales para explicar las razones de la reestructuración. Sin embargo, no acudió a esa convocatoria.

Entre las consecuencias que generaron preocupación estuvo la suspensión de audiencias de procesos de relevancia nacional, entre ellos los casos Encuentro, Goleada y La Reina.