Asamblea aprueba ley que penaliza el uso de uniformes falsos de Policía y FF.AA.

La Asamblea Nacional aprobó este martes, 9 de junio del 2026, una nueva reforma legal que sanciona el uso, fabricación y comercialización ilegal de uniformes, insignias y distintivos de las fuerzas de seguridad del Estado. 

La normativa busca frenar una práctica utilizada por grupos delictivos para simular operativos y cometer delitos en distintas zonas del país.

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Con 87 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.

Hasta 7 años de cárcel por falsos operativos

La iniciativa se sustenta en un informe elaborado por la Comisión de Seguridad Integral, que identificó la necesidad de reforzar los controles frente al uso indebido de prendas y distintivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Según el documento, estructuras criminales han utilizado estos elementos para hacerse pasar por autoridades, realizar falsos operativos y facilitar la ejecución de delitos, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad.

La asambleísta Jhajaira Urresta defendió la propuesta y señaló que la reforma incorpora medidas penales, administrativas y preventivas para enfrentar toda la cadena de comercialización ilegal de uniformes y distintivos institucionales.

Entre los cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la ley incorpora el delito de uso fraudulento de uniformes, insignias y elementos de identificación institucional pertenecientes a organismos de seguridad del Estado.

La normativa establece penas de uno a tres años de prisión para quienes utilicen sin autorización uniformes o distintivos de entidades de seguridad. 

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Cuando estos elementos sean empleados para simular controles, operativos o acciones oficiales, la sanción aumentará de tres a cinco años.

Además, si la simulación involucra uniformes o insignias de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, las penas podrán llegar a cinco y siete años de privación de libertad, debido al impacto que estas acciones tienen sobre la seguridad pública.

Nuevos controles para empresas de seguridad y textileras

La ley también sanciona la fabricación, comercialización y circulación ilícita de estos elementos. 

Las penas variarán entre uno y siete años dependiendo del tipo de uniforme involucrado y de la participación de funcionarios responsables de su custodia o control.

Otro de los puntos aprobados obliga a las compañías de vigilancia privada a mantener registros verificables sobre la entrega y devolución de uniformes y distintivos. 

Asimismo, se implementarán sistemas de trazabilidad y control para la fabricación, importación, comercialización y distribución de estos productos.