¿Qué beneficios y límites tienen los 5 alcaldes procesados que han pedido licencias y vacaciones?

Cinco alcaldes de Ecuador, que cumplen prisión preventiva por distintos delitos, han recurrido a vacaciones o licencias sin remuneración para mantenerse en funciones mientras avanzan sus procesos judiciales.

Aunque la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y su reglamento no detalan específicamente que un funcionario procesado penalmente pueda recurrir a estos dos mecanismos.  

Sin embargo, el artículo 40 del Reglamento de la Losep establece que se podrá condecer licencia sin sueldo "para asuntos particulares" previo a un informe favorable de la Unidad de Talento Humano de la institución. 

En ese caso se puede conceder licencias sin sueldo de hasta 15 días por cada año, prorrogables hasta 60 días por año, previa autorización de la autoridad nominadora o su delegado. 

Durante ese período, el funcionario conserva su cargo y mantiene la cobertura de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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"En el periodo de licencia o permiso sin remuneración se garantizarán las prestaciones de salud por parte de la seguridad social, las cuales deberán ser reembolsadas por parte del Ministerio de Salud Pública", estipula la Ley de Servicio Público.

Además, la normativa establece que los servidores públicos tienen derecho a 30 días de vacaciones remuneradas por cada año de servicio, beneficio que también ha sido utilizado por algunas autoridades procesadas. 

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Los alcaldes que han solicitado licencias o vacaciones

Los cinco alcaldes que permanecen con prisión preventiva y han hecho uso de estas figuras legales para mantener sus cargos son:

• Darío Macas, alcalde de Machala, con prisión preventiva por presunto enriquecimiento ilícito. El Concejo Cantonal aprobó 30 días de vacaciones mientras permanece detenido. 
• José Arroyo, alcalde de Pujilí, investigado por presunto peculado. Fue detenido en agosto de 2025 y continúa ejerciendo el cargo al no existir una sentencia ejecutoriada ni una remoción definitiva. 
• Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, está procesado por presunto lavado de activos. El Concejo Municipal autorizó sus vacaciones tras su detención. 
• Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, está imputado en los casos Goleada, Triple A y Grillete. Él solicitó una licencia sin remuneración y, el pasado 26 de junio de 2026, el Concejo de Guayaquil rechazó su remoción, por lo que continúa siendo alcalde pese a permanecer en prisión preventiva.
•  Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, cumple prisión preventiva por presunta delincuencia organizada. Ella también solicitó una licencia para ausentarse de su cargo mientras enfrenta el proceso penal.