De la violencia a la prisión: ¿Qué pasó con los alcaldes elegidos en 2023?

Tres años después de que asumieran funciones las autoridades elegidas en las elecciones seccionales de 2023, el panorama de varios gobiernos locales es muy distinto al que dejaron las urnas.

La violencia ligada al crimen organizado, las investigaciones penales y los procesos judiciales han marcado la gestión de algunos alcaldes y prefectos del país.

En ese tiempo, cinco alcaldes fueron asesinados, otros continúan administrando sus municipios desde fuera de su territorio por razones de seguridad y varias autoridades enfrentan procesos judiciales que incluso han derivado en medidas cautelares o prisión preventiva.

• Delitos de corrupción en Ecuador

Mayo de 2023: Luis Chonillo, el alcalde de Durán que gobierna desde la clandestinidad

Luis Chonillo apenas llevaba un día como alcalde de Durán cuando sufrió un atentado que cambió su incipiente administración.

El 15 de mayo de 2023, mientras se dirigía a la primera sesión del Concejo Municipal, un grupo armado atacó la caravana en la que se movilizaba.

Dos de sus escoltas y un ciudadano murieron durante el ataque, mientras que el alcalde resultó ileso.

Tras el atentado, Chonillo abandonó temporalmente el país por su seguridad.

Posteriormente retomó sus funciones, pero desde lugares cuya ubicación no ha sido revelada públicamente.

Desde entonces mantiene reuniones virtuales, firma documentos de forma telemática y aparece únicamente en eventos puntuales bajo estrictas medidas de seguridad.

Su caso no tiene precedentes recientes en Ecuador: continúa siendo el alcalde de Durán, pero ejerce buena parte de sus funciones desde la clandestinidad debido a las amenazas atribuidas al crimen organizado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también otorgó medidas cautelares a su favor.

Cinco alcaldes asesinados desde las elecciones seccionales 2023

Cinco alcaldes elegidos en las elecciones seccionales de 2023 fueron asesinados durante el ejercicio de sus funciones: Agustín Intriago, Brigitte García, José Sánchez, Jorge Maldonado y Eber Ponce.

• Julio de 2023: Agustín Intriago, el primer alcalde asesinado durante este período

El 23 de julio de 2023, Agustín Intriago, quien había sido reelegido alcalde de Manta, fue asesinado mientras recorría una obra municipal en el barrio 15 de Septiembre.

Durante el ataque también murió la deportista Ariana Chancay y varias personas resultaron heridas.

Su asesinato ocurrió apenas semanas antes del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio y fue considerado una de las primeras señales del incremento de la violencia política en Ecuador.

Tras su fallecimiento, la vicealcaldesa Marciana Valdivieso asumió la Alcaldía para completar el período, conforme establece el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).

• Marzo de 2024: Brigitte García, la alcaldesa más joven del país, fue asesinada

El 24 de marzo de 2024, Ecuador volvió a conmocionarse con el asesinato de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, en Manabí.

La funcionaria, de 27 años, fue hallada sin vida junto a su director de Comunicación, Jairo Loor, dentro de un vehículo. Ambos presentaban impactos de bala.

García había sido elegida con apenas 26 años y era considerada la alcaldesas más jóvenes del país.

Su muerte reavivó el debate sobre la seguridad de las autoridades locales y llevó a decenas de alcaldes a solicitar protección policial.

Tras el crimen, el Concejo Municipal aplicó el mecanismo de sucesión previsto en la ley para completar el período y designó a Robert Fabricio Lara Loor como su sucesor.

• Abril de 2024: José Sánchez fue asesinado mientras hacía deporte

Menos de un mes después del asesinato de Brigitte García, otro alcalde fue víctima de un ataque armado.

José Sánchez, alcalde de Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, fue asesinado junto a uno de sus acompañantes mientras practicaba deporte.

No era la primera vez que era blanco de la delincuencia. Meses antes ya había sobrevivido a un atentado contra su vivienda.

Su muerte obligó a una nueva sucesión por parte de la entonces vicealcaldesa Magali Sánchez Guerrero.

• Jorge Maldonado: otro alcalde que no terminó su mandato

Entre las víctimas también figura Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo, en la provincia de El Oro, quien fue asesinado durante su gestión.

Maldonado fue asesinado a tiros el 19 de abril de 2024, el segundo crimen de un alcalde de Ecuador en menos de 48 horas.

Su muerte, al igual que las de otros alcaldes, obligó a activar los mecanismos de sucesión contemplados en el Cootad para garantizar la continuidad administrativa del cantón.

Fue sucedido en el cargo por Yulissa Aguilar. quien asumió el cargo en abril de 2024.

• Enero de 2025: Eber Ponce murió en un ataque armado

Eber Ponce, alcalde de Arenillas, provincia de El Oro, fue asesinado cuando se movilizaba en un vehículo institucional, el 11 de enero de 2025.

Ponce recibió cinco disparos y murió en el hospital horas más tarde. 

Fue sucedido en el cargo por Teresa de Jesús Solís Culcay, quien hasta entonces se desempeñaba como vicealcaldesa.

Abril de 2026: Marcela Aguiñaga anunció su salida anticipada de la Prefectura del Guayas

Marcela Aguiñaga, también figura entre las autoridades seccionales que no concluyeron el período para el que fueron elegidas en las elecciones de 2023.

El 6 de abril de 2026 anunció que dejaría el cargo el 14 de mayo, exactamente cuando se cumplían tres años desde el inicio de su administración.

Aguiñaga explicó que su decisión respondió a motivos personales y familiares.

En declaraciones públicas descartó que su salida estuviera relacionada con presiones políticas o diferencias con el Gobierno Nacional y aseguró que era una decisión tomada tras un proceso de reflexión.

Con su renuncia se activó el mecanismo de sucesión previsto en el Cootad.

El entonces viceprefecto, Carlos Encalada, asumió la Prefectura del Guayas para completar el período 2023-2027.

Alcaldes con prisión preventiva por diferentes delitos

• Aquiles Álvarez: el alcalde de Guayaquil que enfrenta un proceso penal

Uno de los casos más emblemáticos es el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien permanece detenido desde el 11 de febrero de 2026.

Durante su administración ha enfrentado investigaciones impulsadas por la Fiscalía relacionadas con presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles, dentro del denominado caso Triple A.

El proceso escaló con medidas judiciales que marcaron un antes y un después en la administración del Municipio de Guayaquil y provocaron que la vicealcaldesa, Tatiana Coronel, asumiera temporalmente determinadas funciones mientras se resolvía la situación jurídica del alcalde.

Alvarez ha rechazado las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución política, mientras que la Fiscalía asegura que existen suficientes elementos para continuar con la investigación.

El proceso aún no cuenta con una sentencia ejecutoriada, mientras que Alvarez cumple con prisión preventiva por los casos Grillete y Goleada.

• ¿Cuáles son las medidas cautelares en Ecuador?

• Agosto de 2025: José Arroyo, el primer alcalde detenido de este período

El primer alcalde en funciones detenido durante este período fue José Arroyo, de Pujilí, provincia de Cotopaxi.

La madrugada del 7 de agosto de 2025, la Fiscalía y la Policía ejecutaron múltiples allanamientos dentro del denominado caso Ornato Municipal, en el que se investiga un presunto esquema de irregularidades en la contratación y ejecución de obras públicas del Municipio.

La Fiscalía procesa a Arroyo por el presunto delito de peculado, al sostener que habría participado en una estructura que adjudicó de forma irregular contratos de obra pública.

En junio de 2026, una jueza llamó a juicio al alcalde y a otras 16 personas y ratificó la prisión preventiva mientras continúa el proceso.

Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, Arroyo mantiene la presunción de inocencia y por lo tanto sigue siendo alcalde.

• Junio de 2026: Vicko Villacís fue detenido por presunto lavado de activos

El 3 de junio de 2026, agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional detuvieron al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, durante el operativo Blindaje.

La investigación se centra en el presunto delito de lavado de activos y alcanzó también a otras personas vinculadas al caso. 

Según la Fiscalía, las indagaciones apuntan a un supuesto incremento patrimonial y a movimientos financieros que serían incompatibles con los ingresos declarados por los investigados.

Tras la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva contra Villacís mientras avanza la instrucción fiscal.

El alcalde ha rechazado las acusaciones y el caso continúa en etapa judicial.

• Junio de 2026: Ángela Plúa cayó en la Operación Digitador

El 25 de junio de 2026, la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, fue detenida durante la denominada Operación Digitador, un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional.

La investigación se relaciona con una presunta estructura dedicada a la emisión irregular de documentos y trámites de tránsito, como matrículas, licencias y transferencias de dominio, a cambio de pagos ilícitos. 

La Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de delincuencia organizada y la justicia dictó prisión preventiva para los procesados mientras se desarrolla la instrucción fiscal.

La causa continúa en investigación y no existe una sentencia ejecutoriada.

• Julio de 2026: Darío Macas, alcalde de Machala

El caso más reciente es el del alcalde de Machala, Darío Macas, quien fue detenido el 6 de julio de 2026 durante un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional.

La investigación se inició por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, luego de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) alertara sobre un supuesto incremento patrimonial injustificado.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones apuntan a que el presunto incremento patrimonial habría sido canalizado a través de empresas familiares y otras operaciones financieras que ahora son objeto de análisis.

El alcalde niega las acusaciones y el proceso permanece en etapa de investigación, por lo que rige el principio de presunción de inocencia.