Suspendida la audiencia del caso Goleada por consulta sobre inmunidad electoral de un procesado

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de lavado de activos en el denominado caso Goleada, proceso en el que están implicados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, familiares y otras 19 personas más fue suspendida la mañana de este sábado 15 de agosto por decisión del juez anticorrupción Jairo García.

La suspensión se dio tras la petición de Fernando Chávez, abogado del procesado Gastón Aparicio Loy Correa. La defensa informó que su cliente solicitó la inscripción como candidato a concejal de Guayaquil para las elecciones seccionales de noviembre de 2026 y solicitó al juez que oficie al Consejo Nacional Electoral (CNE) para verificar si la candidatura ya se encuentra inscrita y calificada de forma oficial. 

La solicitud busca salvaguardar el debido proceso y evitar futuras nulidades, invocando la inmunidad temporal establecida en el artículo 108 del Código de la Democracia, la cual protege a los candidatos calificados de ser procesados penalmente hasta la proclamación de resultados.

Pese a que el fiscal del caso, Denis Villavicencio, solicitó rechazar el pedido por 'infundado e improcedente' al argumentar que la protección solo aplica tras la calificación oficial de la candidatura, el juez García consideró adecuado obtener primero la certificación del órgano electoral antes de continuar con la diligencia.

El magistrado enfatizó que la medida es meramente temporal e instrumental y no implica el reconocimiento automático de fuero ni un pronunciamiento sobre el fondo de la inmunidad. 

En consecuencia, ordenó a la secretaría del juzgado oficiarle de manera urgente al CNE para que, en un plazo máximo de 48 horas, certifique la situación electoral de Loy Correa y de los demás procesados en la causa —entre ellos Fiorella Ycaza, postulante a la alcaldía de Guayaquil— precisando si sus candidaturas están inscritas, calificadas, en firme o con impugnaciones pendientes.

La consulta exigirá al CNE certificar la postulación, inscripción y calificación de las candidaturas, el número y fecha de la resolución respectiva, si esta se encuentra firme o mantiene recursos o impugnaciones pendientes, la dignidad a la que aspiran, la circunscripción electoral y el estado actual del proceso.

García fundamentó el requerimiento señalando que el reglamento vigente para la inscripción de candidaturas faculta la atención a solicitudes de la Función Judicial sobre expedientes electorales. 

Una vez remitida la contestación oficial, el magistrado realizará un análisis técnico para contrastar la situación de los procesados con la norma legal, la fecha de inicio del juzgamiento penal y sus excepciones, permitiendo decidir de forma motivada si el proceso penal debe continuar o si corresponde aplicar alguna medida temporal.

Con esta acción, el juez enfatizó que busca impedir que la sola declaración verbal de una candidatura funcione como un recurso automático para paralizar la administración de justicia, al tiempo que garantiza una decisión procesal compatible con el régimen electoral.