Las revelaciones que Fiscalía expuso en el caso Progen tras la vinculación de 10 procesados

La Fiscalía expuso nuevas revelaciones dentro del caso Progen, durante la audiencia en la que se vinculó a 10 personas más a la investigación por presunto peculado relacionado con la adquisición de generadores eléctricos para las centrales de Salitral y Quevedo.

Según la teoría del Ministerio Público, chats de WhatsApp, pericias informáticas y documentos del expediente evidenciarían una serie de maniobras que presuntamente permitieron mantener vigentes los contratos con la empresa Progen Industries LLC.

Con la incorporación de los nuevos procesados, la cifra de investigados por este caso ascendió a 31 personas. Además, la vinculación de los nuevos sospechosos extendió por 30 días más la instrucción fiscal. 

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una pericia informática que permitió acceder a conversaciones de WhatsApp entre el entonces administrador del contrato de la central de Quevedo y una funcionaria técnica. Ambos actualmente son procesados dentro del caso.

De acuerdo con la Fiscalía, los mensajes mostrarían cómo presuntamente se coordinaban la alteración de documentos y modificación de plazos con el objetivo de evitar sanciones de la Contraloría General.

Las autoridades también investigan, según Primicias, la supuesta modificación de informes técnicos para favorecer a Progen y mantener los contratos activos, pese a los incumplimientos que se habrían registrado durante su ejecución.

Entre los nuevos vinculados figuran un exintegrante del área jurídica y un exasesor del exministro de Energía Roberto Luque.

La investigación se concentra en dos contratos emergentes suscritos durante la crisis energética de Ecuador de 2024, cuando el país enfrentaba apagones que llegaron a extenderse por hasta 14 horas.

El contrato para la central Salitral alcanzó los USD 99,4 millones, mientras que el correspondiente a Quevedo fue de USD 49,7 millones.

La Fiscalía sostiene que durante los procesos de contratación se habrían omitido o evadido determinados procedimientos para favorecer a Progen, pese a que sus propuestas presuntamente no cumplían con algunas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas requeridas.

Uno de los principales elementos de la investigación es el desembolso de un anticipo equivalente al 70% del valor contractual, que habría representado aproximadamente USD 104,37 millones.

Según la Fiscalía, estos recursos fueron entregados pese a que los generadores proporcionados por la contratista presuntamente no cumplían las condiciones establecidas y, finalmente, no llegaron a funcionar.

El presunto perjuicio para el Estado por las obras inconclusas en las centrales de Salitral y Quevedo asciende a USD 104,4 millones, cifra que la Fiscalía atribuye a las presuntas irregularidades investigadas.