Prisión preventiva para tres implicados por desaparición y muerte de Héctor Enríquez Ruiz

La Fiscalía General del Estado formuló cargos a Julio Marcelo C. M., Yismary Andreina Z. A. y César Damián E. M., tras recabar elementos de convicción que evidenciarían su presunta participación en la desaparición involuntaria con resultado de muerte de Héctor Enríquez Ruiz.

Desaparición y muerte de Héctor Enríquez

El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado el 25 de febrero de 2026 en una quebrada ubicada en la vía Alóag-Santo Domingo.

Según la investigación del Ministerio Público y la Policía, la víctima fue reportada como desaparecida el 18 de febrero en el norte de Quito. Los sospechosos habrían interceptado al joven mientras se trasladaba en su camioneta por el sector de Calderón.

De acuerdo con las indagaciones, lo habrían maniatado para sustraer su vehículo. Durante el traslado, se presume que la víctima se opuso al robo, por lo que le habrían quitado la vida.

La Fiscalía indicó que posteriormente, los ahora procesados habrían arrojado el cuerpo en una quebrada de la vía Alóag-Santo Domingo. Luego, se movilizaron en el vehículo de la víctima hacia el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, donde habrían ocultado la camioneta en un taller mecánico.

Audiencia de formulación de cargos

A partir de alertas ciudadanas, agentes policiales conocieron la presunta ubicación del vehículo. En ese contexto, el 25 de febrero se ejecutó un operativo en el que se aprehendió a los tres sospechosos en flagrancia por el delito de receptación.

Durante la audiencia de formulación de cargos por desaparición involuntaria con resultado de muerte, el Fiscal de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas presentó como elementos de convicción la denuncia por desaparición, el parte policial investigativo, las versiones de los agentes aprehensores, el informe de trazabilidad –que evidenciaría el recorrido del vehículo de la víctima–, la autopsia médico-legal practicada al cuerpo, entre otros.

Al concluir la audiencia, y con base en el pedido fundamentado de Fiscalía, el Juez que atendió la diligencia ordenó la prisión preventiva para los tres procesados y dispuso el inicio de la instrucción fiscal por un plazo de 90 días. Además, se dictaron medidas de protección a favor de los padres de la víctima.