Un policía fue procesado por presuntamente exigir 12 000 dólares a una mujer en Orellana

La Fiscalía de Orellana procesó, este viernes 22 de agosto del 2025, al policía en servicio activo Víctor A. y a  Henry E. por el presunto delito de extorsión contra una mujer.

 Según las investigaciones, le exigían 12 000 dólares a cambio de seguir con vida. La mujer recibía las amenazas a través de la aplicación WhatsApp. 

Henry E. señaló que fue contratado por el agente de la Policía Nacional para realizar la extorsión. Ambos fueron aprehendidos en delito flagrante, minutos después de que la víctima entregara parte del dinero exigido. 

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía detalló que el policía le habría indicado a la víctima que "lo mejor es ceder a las exigencias de los delincuentes sin denunciar ante las autoridades, ya que, en su experiencia como agente de la Dinased (Dirección de Investigación de Delitos Contra la Vida), había presenciado asesinatos por no pagar extorsiones". 

Entonces, la mujer contactó a los sospechosos y les indicó que solo había podido reunir 1 500 dólares. Acordaron que recogerían el dinero en un taxi en las inmediaciones de su negocio.

Sin embargo, la Policía Nacional ya estaba detrás de la pista de los presunto extorsionadores, por lo que observaron cuando un taxi llegó al establecimiento de la mujer para recoger el dinero. El conductor del vehículo estaba acompañado de un hombre en una motocicleta sin placas, que resultó ser el agente. 

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Personal de la Unidad Antisecuestros (Unase) detuvo al conductor del taxi, el ciudadano Henry E., quien declaró que había sido contratado por el policía, quien también fue arrestado.

A pesar de que la Fiscalía pidió prisión preventiva para ambos, el juez ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas a los imputados.

El juez dijo que no dictó prisión preventiva porque Víctor A.  participó en operativos en los que se detuvieron a personas que fueron enviadas a los centros de rehabilitación cercanos a Orellana. Por lo tanto, no existe en esa provincia amazónica un recinto penitenciario en el que se garantice la seguridad del policía.