Juez suspendió nuevamente la audiencia en caso Las Malvinas y denunció dilaciones procesales

Por quinta ocasión consecutiva, la audiencia preparatoria de juicio en el caso Las Malvinas quedó en suspenso. La diligencia se instaló este jueves 4 de septiembre de 2025 en el Complejo Judicial Sur de Guayaquil, pero fue interrumpida tras más de cuatro horas de debate, principalmente por incidentes en la defensa de los procesados y cuestionamientos de nulidad.

Los 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) están procesados por la presunta desaparición forzada de cuatro adolescentes –Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina–, de entre 11 y 15 años. Los menores fueron reportados como retenidos en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, y posteriormente hallados calcinados en Taura, cantón Naranjal, el 24 de diciembre de 2024.

Desde julio, la audiencia ha enfrentado una serie de aplazamientos. Dos convocatorias anteriores fueron diferidas por pedidos de la defensa; en otra ocasión, un abogado presentó un certificado médico que resultó carecer de validez, lo que volvió a frenar el proceso.

Alegatos y tensiones en la sala

En la sesión de este jueves, los abogados de los uniformados insistieron en nulidades, recusaciones contra el juez Dennis Ugalde y en que la causa debía trasladarse a Naranjal, alegando falta de competencia territorial. El magistrado rechazó estos planteamientos y sostuvo que los hechos se iniciaron en Guayaquil, por lo que corresponde a esa jurisdicción conocer el caso.

La situación se complicó cuando dos de los procesados se quedaron sin abogados, al negarse a aceptar a la Defensoría Pública y nombrar de improviso a juristas presentes en la sala, quienes admitieron no estar preparados para asumir la defensa. Ante ello, Ugalde resolvió suspender la diligencia para garantizar el derecho a una defensa técnica adecuada.

El juez alertó, además, sobre posibles maniobras dilatorias que podrían configurar un fraude procesal, por lo que dispuso remitir antecedentes a la Fiscalía.

El reloj corre para la prisión preventiva

El fiscal del caso, Cristhian Farez, advirtió que la prisión preventiva de los militares está próxima a cumplir nueve meses, cuando la ley fija un plazo máximo de 12 meses en delitos sancionados con penas superiores a cinco años. Los uniformados permanecen detenidos desde el 31 de diciembre de 2024.

El fiscal solicitó diez días adicionales para completar diligencias pendientes, como evaluaciones psicológicas, entrega de documentos del Ministerio de Defensa y ampliación de versiones.

Cinco de los procesados se acogieron al programa de protección de testigos y reconocieron la existencia del delito de desaparición forzada. Según la Fiscalía, estos testimonios podrían servir para esclarecer los hechos y, al mismo tiempo, permitir que los acusados accedan a reducciones de condena, que podrían quedar en dos años de prisión frente a las penas de hasta 26 años que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El caso, considerado de lesa humanidad, sigue sin avanzar hacia la fase de juicio. Con cinco convocatorias fallidas y un proceso plagado de incidentes, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos insisten en que la demora afecta el acceso a la justicia y la reparación integral.