Judicatura suprime juzgados especializados anticorrupción; ¿quién asumirá los casos?

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió reestructurar el modelo especializado para el juzgamiento de delitos de corrupción y delincuencia organizada en Ecuador.

La decisión contempla la supresión de las dependencias judiciales especializadas que hasta ahora atendían estos delitos y el traslado de sus competencias a otras unidades judiciales, según la etapa en la que se encuentre cada proceso.

Las unidades judiciales especializada para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado fue creada en noviembre de 2021.

¿Por qué se tomó la decisión de suprimirlas?

Según los informes analizados por el Consejo de la Judicatura, el modelo especializado presenta un desequilibrio operativo.

Datos del Sistema de la Función Judicial señalan que, durante 12 meses, el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes para nueve magistrados, mientras que otras dependencias penales, como la Corte Provincial de Pichincha, llegaron a superar el 100% de su capacidad operativa.

Con la nueva distribución, la Judicatura asegura que aumentará la capacidad para atender delitos de corrupción y crimen organizado, al pasar de 19 a más de 50 jueces habilitados a escala nacional.

¿Qué jueces asumirán los casos de corrupción?

La competencia será distribuida entre diferentes dependencias judiciales, según la fase del proceso:

• Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha: conocerá recursos y procesos relacionados con fuero.
• Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado, con sede en Iñaquito: asumirá la etapa de juzgamiento.
• Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en flagrancias, ubicada en la parroquia Mariscal Sucre: atenderá de manera continua flagrancias, actos urgentes y medidas cautelares, entre ellas solicitudes de inmovilización de cuentas planteadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
• Unidad Judicial de Garantías Penales especializada en corrupción y crimen organizado, con sede en Iñaquito: conocerá estos procesos hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.

¿Qué pasará con las causas que ya están en trámite?

Los procesos que actualmente se encuentran en trámite y que ya tienen audiencias instaladas o suspendidas continuarán bajo responsabilidad de los jueces que fueron previamente asignados a esas causas.

La Judicatura también anunció que se buscará dar mayor celeridad a los procesos de extinción de dominio, con el objetivo de facilitar la recuperación de bienes que tengan un origen ilícito.

Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, aseguró que la eliminación de las dependencias especializadas no significa un debilitamiento de la lucha contra estos delitos.

“Lo que estamos haciendo es reorganizar y optimizar recursos. Esta decisión no debilita la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, señaló Caicedo.