Judicatura responde a queja de Policía por medidas cautelares; Fiscalía reacciona

La Judicatura, a través de la Dirección Provincial del Guayas, respondió a las quejas de la Policía por dejar libres a dos de los detenidos por los secuestros de los comerciantes encontrados sin vida el viernes 6 de junio del 2025 en el búnker de una casa en Nueva Prosperina, en Guayaquil.

En un comunicado, la Judicatura se refirió a la audiencia de flagrancia que se desarrolló el pasado 31 de mayo de 2025, en la Unidad Judicial de Flagrancia UVC Norte de Guayaquil.

Según la Judicatura, en la audiencia de este proceso, relacionado con el presunto delito de secuestro extorsivo, el juez calificó el hecho como flagrante y legalizó la detención de dos ciudadanos, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Sin embargo, la entidad asegura que durante la audiencia la Fiscalía, en uso de sus atribuciones, solicitó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva para el ciudadano B.S.MN. alias "La Pink", como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente.

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Bajo esta solicitud, junto a los elementos expuestos por las partes procesales, el juez acogió el pedido formulado por la Fiscalía y dispuso la aplicación de las medidas cautelares, aseveró la Judicatura.

El organismo de justicia señaló que bajo el principio de igualdad y no discriminación estas medidas también fueron concedidas a J.A.P.M., alias "Cocacho”, quien había sido aprehendido en las mismas circunstancias. La Judicatura precisa si la sustitución de la prisión fue solicitada por la Fiscalía.

Fiscalía no dudó en responder a Judicatura

La Fiscalía General del Estado reaccionó al caso de secuestro extorsivo de la ciudadana china que fue hallada muerta este viernes 6 de junio, en Guayaquil.

La institución argumentó que su agente fiscal Rómulo Sevilla, el 31 de mayo de 2025, sustanció la audiencia de flagrancia en la que -sobre la base de los elementos de convicción obtenidos hasta ese momento. Que Sevilla formuló cargos y solicitó prisión preventiva para Jhorly P. (alias Cocacho) y la prohibición de ausentarse del país y presentaciones periódicas para Byron M. (alias "Pinky").

Y con ello lanzó devuelta la responsabilidad y decisión de no acoger la medida cautelar de prisión preventiva al Juez que conoció la causa, Juan Pablo Pulgarín, alegando que no tenía antecedentes penales.

Para la actuación del agente fiscal la institución señaló que en la audiencia de calificación de flagrancia, la víctima no había sido localizada y continuaba reportada como secuestrada. Es decir, se desconocía sobre su fallecimiento, lo que habría motivado el cambio de tipo penal a secuestro extorsivo con resultado de muerte, esbozó la Fiscalía.

Finalmente indicó que ha dispuesto el control jurídico de la actuación fiscal en este procedimiento en particular.

Llamado enérgico de la Policía

El coronel Víctor Ordóñez, comandante de la Policía en la Zona 8, hizo un "llamado enérgico a las autoridades judiciales y de Fiscalía".

Ordóñez manifestó su inconformidad el viernes 6 de junio, debido a que dos de los detenidos por la Policía recibieron medidas sustitutivas en lugar de prisión preventiva, pese al porte de armas de fuego, lo cual está prohibido en Ecuador.

"Esta falta de respuesta proporcional compromete el esfuerzo operativo de nuestras unidades y pone en riesgo la vida de ciudadanos inocentes", dijo el coronel Ordóñez. "Esperemos que haya oídos del trabajo policial que realizamos y no tengamos víctimas que lamentar en lo posterior", agregó.

De acuerdo con la investigación policial, una pareja de esposos serían los 'caleteros'; es decir, "los que colaboran para tener el búnker y reciben dinero para tener cautivas a las víctimas". Por el rescate de los comerciantes secuestrados pedían un millón y medio de dólares, dijo el oficial. Las víctimas fueron halladas sin vida la mañana del viernes 6 de junio del 2025..