Judicatura iniciará acciones por liberación de 16 militares en caso de asociación ilícita en Loja

El Consejo de la Judicatura de Loja anunció este viernes 5 de septiembre del 2025, a través de un comunicado, que se iniciarán acciones legales para determinar si hubo irregularidades en la actuación de los servidores judiciales que dispusieron la liberación de 16 militares procesados por presunta asociación ilícita vinculada al contrabando de mercaderías. 

Según el pronunciamiento de la Judicatura, "el análisis se realizará siguiendo el debido proceso y la independencia judicial, con el fin de determinar si la actuación del servidor constituye una falta disciplinaria". 

Por su parte, la Fiscalía también inició un proceso penal contra 24 personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para la comisión de delitos relacionados con el contrabando de mercaderías y combustibles. Fueron aprehendidas en un operativo ejecutado en 11 provincias.

Para los 16 militares procesados Wilmer B., Edwin S., Fabricio T., Wilson L., Edmundo G., Jackson O., Jorge J., Jorge P., Dennys U., Henry O., Ólger S., Álex Ch., Édison P., JÉfferson B., Émerson S. y Jordan M. se dispuso presentaciones periódicas, dos veces por semana, en la Fiscalía de Loja.

La investigación en este caso inició hace aproximadamente nueve meses, tiempo en el cual se aplicaron técnicas especializadas que permitieron ubicar a un grupo de personas que habría cometido actos ilícitos, como el contrabando, en la frontera entre Ecuador y Perú, a través de la coordinación de acciones con el personal militar del control fronterizo “Puyango”, en la provincia de Loja.

A cambio de la entrega de dinero y dádivas, se facilitaba el paso de mercaderías desde Perú y derivados de hidrocarburos desde Ecuador, evadiendo el control respectivo. Con la información suficiente, se organizó un operativo en el que 16 militares en servicio activo y ocho civiles fueron detenidos.

La operación contó con la participación de 250 personas –incluidos veintiocho fiscales con sus respectivos equipos–, que ejecutaron treinta y tres allanamientos en once provincias: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos.

Además, se presentó el informe preliminar investigativo, en el que se detallan conversaciones y coordinaciones para evadir los controles. Adicionalmente, establece un presunto perjuicio al Estado por alrededor de 20 millones de dólares.