Pleno de la Judicatura destituyó a juez que otorgó beneficios penitenciarios irregulares a 28 detenidos
Investigaciones determinaron que el juez falló a favor de detenidos que cumplían sentencias ejecutoriadas por violación, robo y homicidio.

Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión virtual este 17 de junio del 2025
Consejo de la Judicatura
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Actualizada:
17 jun 2025 - 20:36
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió por unanimidad destituir al juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca, B.F.R.C. este 17 de junio de 2025.
La decisión se adoptó en sesión ordinaria No. 053-2025, donde se señaló que el juez sancionado incurrió en una infracción disciplinaria gravísima de error inexcusable, pues concedió beneficios penitenciarios, como la prelibertad y el régimen semiabierto, a 28 personas privadas de libertad.
Los fallos del juez ocurrieron, pese a que los detenidos no cumplían con los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa vigente, indicó la Judicatura.
Irregularidades denunciadas en 2024
Según un comunicado del CJ estos hechos fueron denunciados el 17 de diciembre de 2024, por Sofía Sánchez, Adrián Castro, Leonardo Berrezueta y Diego Matovelle, legisladores del Azuay.
Con base en esa acción, el 29 de enero de 2025, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay emitieron la declaración jurisdiccional previa.
Las investigaciones determinaron que el juez falló a favor de detenidos que cumplían sentencias ejecutoriadas por violación, robo, asesinato, homicidio y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
Juez invocó criterios subjetivos
El juez habría invocado permanentemente criterios subjetivos y no tomó en cuenta los criterios jurídicos establecidos, concluyó la Judicatura.
Es decir, vulneró la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de legalidad. Esta conducta configuró un error inexcusable grave y dañino.
La institución indicó que las decisiones del magistrado no solo comprometieron procesos legítimos, sino que también generaron un riesgo latente de impunidad, afectando la credibilidad de la administración de justicia.
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