Fiscalía vincula a dos personas en causa por presunta captación ilegal de dinero en Riobamba

La Fiscalía vinculó a Sabrina M. y Adriana de los Ángeles T. al proceso por supuesta captación ilegal de dinero dentro de una causa por la supuesta recaudación de más de 2,4 millones de dólares sin autorización legal. En este proceso se investiga a nueve personas.

Según el reporte de la Fiscalía, en la audiencia de vinculación, que se cumplió el pasado 4 de septiembre en la Unidad Judicial de Chimborazo, la fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano N.º 1 presentó más de 100 elementos de convicción de la captación registrada en Riobamba, Chimborazo.  

"Sabrina M. y Adriana de los Ángeles T. están prófugas de la justicia. Por eso, el Juez dispuso oficiar a Interpol para que se emita la difusión roja para y se proceda con su localización y captura", se puede leer en el reporte de la entidad. 

En la diligencia realizada por el Juez de Garantías Penales dispuso la prisión preventiva para las nuevas procesadas, quienes actualmente se encuentran prófugas de la justicia.

Ante su ausencia el magistrado ordenó que se emita difusión roja de Interpol para lograr su localización y captura a escala internacional.

Las investigaciones realizadas al momento 

Las dos personas vinculadas, junto a los otros procesados, formarían parte de una estructura criminal que habría captado dinero de forma ilegal a través de la empresa 'SAALDA S. A'. Esta no contaba con autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para efectuar actividades de intermediación financiera.

Los investigados ofertaban supuestos servicios de inversión en la bolsa de valores, trading en mercados y plataformas de internet a corto plazo, ofreciendo rendimientos mensuales de entre el 12 % y el 200 % sobre el capital invertido. De acuerdo con la investigación, hasta el momento existen más de 464 familias afectadas, que entregaron diferentes montos de dinero.

Los siete primeros procesados fueron detenidos durante ocho allanamientos simultáneos ejecutados el 6 de junio de 2025, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional, en Riobamba y Guano. En los inmuebles se incautaron teléfonos móviles, documentación de los posibles inversores, computadoras y otras evidencias.