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Fiscalía acusa a dos exvocales de la Judicatura como coautores de tráfico de influencias

Juan José Morillo y Maribel Barreno son señalados como coautores del presunto delito de tráfico de influencias en el caso Vocales.

La audiencia de juicio del caso Vocales se desarrollaa en la Corte Nacional de Justicia

Fiscalía

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

20 oct 2026 - 17:37

La Fiscalía General del Estado presentó su acusación contra tres procesados durante el inicio de la audiencia de juicio del denominado caso Vocales, instalada el 19 de octubre de 2026 en la Corte Nacional de Justicia.

Al finalizar su alegato de apertura, el fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, señaló a los exvocales del Consejo de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno como presuntos coautores del delito de tráfico de influencias.

Mientras que Vladimir Jhayya, expresidente de la Corte Provincial de Pichincha, fue señalado como cómplice del mismo delito.

Durante la etapa de juzgamiento, Fiscalía anunció que presentará pruebas periciales, testimoniales y documentales para sustentar su acusación contra los tres procesados.

Según la Fiscalía, en caso de que los tres procesados sean declarados culpables, podrían recibir una pena de tres a cinco años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para el delito de tráfico de influencias.

Los procesados, sin embargo, niegan las acusaciones y sostienen que no cometieron el delito que les atribuye la Fiscalía.

¿Qué se investiga en el caso Vocales?

La investigación comenzó en junio de 2022, luego de que se difundiera una grabación en la que participaron dos vocales del Consejo de la Judicatura, al momento de los hechos, y quien entonces era presidente de la Corte Provincial de Pichincha.

El caso está relacionado con una acción de protección presentada por Guadalupe Llori, quien en ese entonces era presidenta de la Asamblea Nacional y buscaba mantenerse en el cargo.

La Fiscalía inició las investigaciones para determinar si existió un intento de influir en decisiones judiciales relacionadas con ese proceso.

En septiembre de 2023, los tres procesados fueron llamados a juicio. Desde entonces cumplen medidas alternativas a la prisión preventiva. Tres años después del llamado a juicio, comenzó la etapa de juzgamiento en la Corte Nacional de Justicia.