Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Exjueza anticorrupción investigada por incremento patrimonial de USD 140 000

La exjueza anticorrupción Gabriela L. T. es procesada por enriquecimiento ilícito tras el caso Fachada. 

El caso contra una exjueza anticorrupción pone el foco en los controles sobre el patrimonio de funcionarios y en los procesos judiciales por presuntos delitos contra la administración pública.

Consejo de la Judicatura

Autor

Tamara Lopez

Actualizada:

04 abr 2026 - 16:09

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Gabriela Cossette L. T., exjueza del Tribunal de Garantías Penales Especializado en delitos de corrupción y crimen organizado, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. 

El caso se sigue en su contra en calidad de autora directa, según informó la institución en un boletín oficial.

Origen de la investigación  

La causa se deriva del denominado caso “Fachada”, en el que Fiscalía ejecutó un operativo en enero de 2025 en las provincias de Pichincha y Esmeraldas. 

Durante los allanamientos, las autoridades levantaron como indicio un total de 56.760 dólares, además de otros elementos vinculados a la investigación.

Elementos de convicción  

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó 49 elementos de convicción que apuntan a un incremento patrimonial sostenido. 

Entre ellos constan informes policiales, pericias técnicas, reportes tributarios del SRI, información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría.

También se incluyeron documentos de instituciones como el Consejo de la Judicatura, el IESS, registros financieros y datos relacionados con bienes inmuebles y vehículos.

Medidas dictadas por el juez  

Tras la audiencia, el juez dispuso prisión preventiva para la procesada. 

Además, ordenó medidas cautelares de carácter económico, como la retención de 56.760 dólares, la prohibición de enajenar bienes, y la inmovilización y congelamiento de cuentas bancarias.

El plazo de instrucción fiscal fue fijado en 90 días.

Incremento patrimonial bajo investigación  

Según la investigación, la exjueza habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en aproximadamente 140.573 dólares entre 2022 y 2025. 

Durante ese período, ocupó cargos en la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura y posteriormente en el Tribunal Anticorrupción.