Ecuador recurre a los jueces temporales tras una década sin concursos para elegir titulares

La Función Judicial ecuatoriana atraviesa una crisis de personal marcada por la falta de concursos para renovar a sus jueces titulares.

Desde 2017 no se convoca un proceso general para designar jueces ordinarios de primer nivel, tribunales penales y cortes provinciales.

Mientras tanto, el mecanismo de nombramientos temporales se ha convertido en una alternativa recurrente para cubrir las vacantes

El problema se agudizó el 3 de enero de 2024, cuando venció el banco de jueces elegibles a escala nacional, que había sido conformado en 2018 y tenía una vigencia máxima de seis años, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

Un banco de elegibles que quedó sin vigencia

Los bancos de elegibles están integrados por postulantes que superaron un concurso público de méritos y oposición y el curso de formación inicial, pero que no obtuvieron inmediatamente una plaza como titulares.

Estos listados permiten cubrir vacantes definitivas generadas por renuncias, jubilaciones o destituciones, siguiendo el orden de calificación de los postulantes.

El último gran proceso para jueces ordinarios se desarrolló entre 2016 y 2017. Ese concurso permitió conformar bancos de elegibles para las cortes provinciales, tribunales distritales y unidades judiciales de primer nivel.

Posteriormente, el 3 de enero de 2018, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 003-2018, mediante la cual se creó el Banco Único de Elegibles de Jueces a Nivel Nacional, organizado por zonas.

Sin embargo, al cumplirse la vigencia máxima de seis años, el listado quedó sin efecto y la Judicatura se quedó sin elegibles activos para cubrir nuevas vacantes de jueces ordinarios.

La Judicatura intentó solucionar el problema con un nuevo concurso en 2024, destinado a conformar bancos de elegibles para la carrera judicial.

No obstante, el 18 de agosto de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la nulidad total insanable de ese proceso.

La decisión se tomó luego de que informes técnicos y jurídicos identificaran irregularidades, entre ellas que la convocatoria se realizó sin determinar previamente las vacantes reales que debían cubrirse y sin contar con la correspondiente certificación presupuestaria.

Jueces temporales, la nueva normalidad

Con el banco de elegibles vencido y sin un nuevo listado vigente, los nombramientos temporales pasaron a ser una de las principales herramientas para cubrir las plazas vacantes.

La Judicatura ya había recurrido a esta figura en años anteriores. Entre 2022 y 2023, durante las presidencias de Fausto Murillo, Wilman Terán y Álvaro Román, se aprobaron nombramientos temporales en provincias como Pichincha, Guayas, Azuay, Loja y Tungurahua.

En algunos casos, jueces titulares de primer nivel fueron enviados en comisión de servicios para desempeñarse temporalmente en cortes provinciales y tribunales penales. 

Después de la caducidad del banco de elegibles en 2024, esta modalidad adquirió todavía mayor peso. La Resolución 070-2025 permitió prorrogar de manera general los nombramientos temporales. 

Sus nombramientos temporales se extienden habitualmente por plazos fijos de pocos meses o hasta que concluya el concurso público de méritos. Sin embargo, jueces consultados por Teleamazonas señalaron que no hay un reglamento que establezca un tiempo máximo que pueda durar un nombramiento temporal.

La situación vuelve a evidenciarse con la decisión de seleccionar 222 jueces temporales para las diferentes unidades judiciales del país, dentro de la declaratoria de emergencia en la Función Judicial.

El proceso, que tendrá una duración prevista de 33 días, está dirigido a secretarios, oficiales mayores, ayudantes judiciales y amanuenses con experiencia en la función judicial y como abogados. 

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, aclaró que el proceso para la selección de jueces temporales "no constituye un mecanismo para sustituir los concursos públicos ni para afectar la carrera judicial, sino una medida excepcional para garantizar la continuidad del servicio de justicia" frente al déficit de jueces en el país.

Esto se debe a que los procesos para escoger temporales son más rápidos, en cambio en los concursos públicos, la Judicatura suele proyectar plazos de entre 7 y 8 meses.

Déficit de magistrados, un argumento

La justificación para escoger a jueces temporales es el déficit de magistrados, que provoca una sobrecarga de trabajo y el retraso en la resolución de causas judiciales.

Datos de la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura señalan que el 54% de las 437 dependencias judiciales del país se encuentra en estado crítico o de alerta debido a la falta de jueces.

La falta de personal tiene consecuencias directas en los usuarios del sistema de justicia, ya que el volumen de causas frente al número de jueces disponibles genera demoras en la resolución de procesos. 

Por ejemplo, en la Corte Provincial de Pichincha existen casos penales pendientes de resolver desde hace más de seis años.

La Corte Nacional también enfrenta un problema de titulares

La falta de renovación no se limita a los juzgados y cortes provinciales. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) también atraviesa un déficit de magistrados titulares.

La última elección de jueces nacionales ocurrió en febrero de 2021, cuando fueron posesionados los 11 ganadores de un concurso para integrar el máximo tribunal de justicia ordinaria.

Desde entonces, en 2023 y 2024, dos concursos destinados a renovar a los magistrados nacionales fueron suspendidos y posteriormente anulados debido a cuestionamientos relacionados con errores en la calificación de méritos, presuntas filtraciones de información, incumplimientos legales y cambios en las reglas.

En 2026, el Consejo de la Judicatura busca concretar un tercer intento. El 3 de julio aprobó el reglamento que regirá el nuevo concurso para seleccionar jueces nacionales.

Mientras tanto, la Corte Nacional tiene 10 jueces titulares de los 21 que debería tener. Además, en 2027 concluirán los períodos de otros seis magistrados, lo que podría reducir el número de titulares a apenas cuatro.

Para llenar algunas vacantes urgentes en la Corte Nacional se adoptó un mecanismo de colocar a conjueces temporalmente a cargo de los despachos de los titulares. 

Y para llenar las vacantes que dejan los conjueces, se optó por traer a magistrados de las cortes provinciales a la Corte Nacional. A esos funcionarios les asignaron un nombramiento temporal, sin plazos, desde el 2019 y hay algunos que llevan 7 años cumpliendo esa función.

En agosto de 2026 nuevamente se recurrió a la temporalidad como un solución. El Pleno de la Judicatura aprobó el inicio del proceso para seleccionar a cinco conjueces temporales para la Corte Nacional. 

Tres de ellos estarán destinados a la Sala Penal; uno a la Sala Civil, Mercantil, Familia, Niñez y Adolescencia; y otro a la Sala Laboral.