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Audiencia de vinculación del caso 'Goleada' se postergó

Tras casi 17 horas de diligencia, Fiscalía cambió el delito a lavado de activos, pero no logró prisión preventiva ni vincular a más personas.

Parte de las evidencias que presentó la Fiscalía General del Estado en la audiencia de reformulación de cargos y vinculación del caso 'Goleada' el 13 de mayo de 2026.

Fiscalía General del Estado

Autor

Teresa Menéndez

Actualizado:

14 may 2026 - 19:41

Casi 17 horas duró la audiencia de reformulación de cargos y vinculación del caso 'Goleada', que inició a las 09H30 del 13 de mayo de 2026 y se extendió hasta las 02H00 del 14.

A lo largo de la jornada, el fiscal Dennis Villavicencio presentó varios elementos contra cada uno de los 12 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Entre ellos, el informe pericial de informática forense practicado a tres dispositivos electrónicos. Allí, se hallaron mensajes de algunos procesados que evidenciarían coordinaciones para ejecutar el delito.

Además, se incorporaron reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), y documentación relacionada con servicios y movimientos bancarios.

Tras cambiar el delito de delincuencia organizada a lavado de activos, pidió prisión preventiva para los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez, solicitud que fue rechazada por el juez Jairo García.

Sin embargo, el magistrado ordenó la inmovilización de las cuentas que los sospechosos mantengan en el Sistema Financiero Nacional y la incautación de vehículos registrados a su nombre.

Vinculación pendiente

Pasada la medianoche, se esperaba la instalación de la audiencia de vinculación contra cinco personas, entre ellas Fiorella Icaza y Gioconda María Henriques, esposa y madre de Aquiles Alvarez, respectivamente.

Asimismo, a nueve empresas. Sin embargo, por falta de uno de los representantes legales, el magistro suspendió la diligencia. Aún no se conoce la nueva fecha.

La Fiscalía insistió en que el caso investiga un presunto entramado empresarial, creado para vulnerar la seguridad del Estado y del sistema financiero, sin activar alertas en las instituciones de control.

Esto, con el objetivo de obtener ganancias ilícitas a través de la comercialización de combustibles.

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían conformado una red para desviar combustible subsidiado, destinado al segmento automotriz, hacia los segmentos industrial y naviero, obteniendo ganancias ilícitas.

Asimismo, señaló que los procesados habrían efectuado traspasos de bienes sin respaldo transaccional y simulado la prestación de servicios.